Temporeros

                Degradación, condiciones laborales y de vida deplorables,  carencia de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene.  A juicio del Defensor del Pueblo,  esta es la realidad en que se desenvuelven trabajadoras y trabajadores temporeros agrícolas en diversas zonas de la geografía española. Un grave problema social.

Consecuente con  su tal y tan crudo diagnóstico de carácter general, el titular de este alto Comisionado de las Cortes encargado de defender los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, Francisco Fernández Marugán, ha hecho un llamamiento a todas las Administraciones, empresarios agrícolas y organizaciones agrarias para que busquen “de forma coordinada y con urgencia” una salida para acabar con esta situación, que viene repitiéndose desde hace tiempo y que ahí sigue, sin que se hayan habilitado todavía para este  colectivo condiciones dignas laborales y de vida.

Como se sabe, España es el mayor exportador de fruta y verdura de la Unión Europea. Alrededor de cien mil personas viven de su recolección, muchas de ellas migrantes de distinta procedencia obligados a trabajar no pocas veces en la economía sumergida. Ello implica importantes y frecuentes desplazamientos  en distintos periodos del año, idas y venidas de cuadrillas, hacinamientos en transportes y en asentamientos carentes las más de las veces de servicios básicos, falta del  adecuado acceso  a la atención sanitaria.

Estos días se citan como notorios –y tristes- ejemplos  de tal degradación las instalaciones  chabolistas cronificadas –por llamarlas de alguna manera- de Huelva y Almería o las condiciones en que viven estas personas en Lleida (30.000 han sido los llegados) con muchas de ellas durmiendo en las calles; realidad no exclusiva de esta demarcación, sino que se repite en otras varias provincias.

Viejo y antiguo problema, como digo, al que no se le ha encontrado todavía la debida solución, pero que este año ha adquirido mayor visibilidad  y resulta particularmente alarmante ante el riesgo que en tales condiciones supone la transmisión del covid-19. En realidad, buena parte de rebrotes y contagios que por acá y allá surgen están asociados a temporeros (en torno al 24 por ciento) y ocio nocturno.

Y así llega la gran vendimia; la gran recolección de la uva que está empezando estos días y que concluirá, España adelante, hacia finales de octubre. Sin los temporeros –se calcula que entre 50.000 y 60.000  a lo largo de la campaña- la vendimia está perdida. Hay labores que pueden esperar, pero la uva, no. Hay que recoger el fruto en el momento  justo. Cualquier retraso equivale a fracaso.

Se trata de una recogida  que este año se presenta prometedora, habida cuenta de las buenas condiciones meteorológicas.  Nuestras Rías Baixas, por ejemplo, se preparan para una cosecha de más de 35 millones de kilos de uva, un 15 por ciento superior a la del año pasado. Pero a pesar de la euforia, la palabra preocupación se repite aquí y allá.

Bodegueros y Administraciones  se han puesto manos a la obra, bien reforzando equipos de protección para los contratados, bien elaborando una especie de guías o protocolos de actuación para así adelantarse a  eventuales incidencias y minimizar riesgos.  No obstante, mientras se está trabajando –dicen los primeros- se pueden mantener las precauciones debidas. Luego, cuando terminada la jornada laboral el personal se va de la bodega, se pierde el  control. Y eso preocupa. Y por lo que confiesan, mucho.

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