Las organizaciones de okupas ilegales han llevado al Ayuntamiento de Barcelona a tomar medidas drásticas, para proteger su edificio de promoción municipal.
La seguridad y la preservación de estos inmuebles ha llevado al consistorio a contratar una empresa de seguridad, para garantizar la seguridad y vigilancia de estos.
Se espera que sea por un periodo de 8 meses, con la posibilidad de una prórroga de seis meses adicionales. El Ayuntamiento busca prevenir los okupas ilegales y el deterioro de las viviendas, locales y aparcamientos propiedad o administrados por el INAB, así como las áreas comunes e instalaciones de estos edificios.
Organizaciones okupas ilegales en la ciudad
Un informe realizado hace algunos meses indica que el aumento significativo de los okupas ilegales en la ciudad ha creado un alto riesgo de ocupación en los inmuebles de INHAB, justificando la necesidad de aumentar las medidas de vigilancia en estas propiedades municipales.
En ayuntamiento se estaban produciendo entre 8 y 15 ocupaciones ilegales de fincas cada mes, una cifra que representa un récord histórico, requería la intervención de servicios jurídicos, inspectores, cuerpos policiales para recuperar los inmuebles en las primeras 48 o 72 horas.
El esfuerzo por garantizar la seguridad de las propiedades públicas se aceleró debido al rápido aumento en la adquisición de inmuebles por parte del INAB a finales del año pasado y principios de este, esto creó la necesidad de implementar medidas de seguridad.
El Ayuntamiento someterá a vigilancia estricta a 43 edificios municipales con diferentes niveles de vigilancia, desde las 24 horas hasta rondas de vigilancia programadas.
Vigilancia y seguridad
Las empresas encargadas de la vigilancia cuentan con la más amplia experiencia en el sector y está certificada en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), lo que permite operar en todo el territorio español con garantías de seguridad.
Se conoce por brindar seguridad a otros edificios gubernamentales, como la Delegación del Gobierno de Cataluña y la oficina de los servicios centrales de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, depende del Ministerio del Interior.
El contrato establece que los vigilantes tienen la responsabilidad de informar inmediatamente a las autoridades encargadas en caso de ocupación ilegal o actividades delictivas en los inmuebles protegidos, sin llevar a cabo interrogatorios, por sí mismos.
El Ayuntamiento de Barcelona está tomando medidas contundentes para proteger sus propiedades municipales y garantizar la seguridad de la ciudad en todo momento.
Por eso, es necesario que los Mossos d’Esquadra participen en el patrullaje y vigilancia de las calles, para evitar que los okupas ingresen a edificios o casas que estén abandonados y después no exista manera de desalojarlos sino en un lapso de varios meses.
Muchos vecinos de las comunidades se quejan ante la policía porque los okupas muchas veces no se incorporan a las reglas y normas que existen en la comunidad, causan muchas veces daños y robos a los vecinos.
Es necesario que el Ayuntamiento, tome medidas drásticas contra estas personas que generan problemas en el lugar donde se encuentren.