Congreso:El Pleno debate cuatro reales decretos-leyes relativos a la creación del fondo COVID-19

El Pleno se reanudó en sesión extraordinaria y a partir de las 9h., para debatir cuatro reales decretos-leyes relativos a la creación del fondo COVID-19 y con medidas para la reactivación económica y del empleo, así como para votar el dictamen de la Comisión de Interior sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Registro de Nombres de Pasajeros, que fue debatido en la sesión de ayer. 

La sesión comenzó con el debate del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Con esta norma el Ejecutivo crea un fondo de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas con el que se financiará el coste de la pandemia y se compensará la caída de los ingresos de las regiones por la menor actividad económica y así garantizar que cuentan con los recursos necesarios para seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. Se establece un reparto que se llevará a cabo en cuatro tramos. Los dos primeros, de 6.000 y 3.000 millones de euros, serán repartidos en julio y noviembre, respectivamente, atendiendo a criterios de gasto sanitario. Otros 2.000 millones serán repartidos en septiembre asociados a la educación y los restantes 5.000 en diciembre entre las CCAA de régimen común. 

Tras este, se debatirá el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Se trata de una batería de medidas para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. Para ello elimina barreras para el despliegue de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. 

Reales decretos-leyes de reactivación económica y empleo

A continuación se debate el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. En esta norma se plasma el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre y con las asociaciones de autónomos para la exoneración de las cotizaciones sociales hasta esa misma fecha. También crea el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), para la cobertura por parte del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa del suministro de energía eléctrica entre consumidores que tengan la condición de consumidores electrointensivos.


El Pleno debatirá el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Un paquete de medidas que tiene como objetivo acelerar la recuperación económica y que incluye la aprobación de una nueva línea de avales por valor de 4.000 millones de euros para impulsar la realización de nuevos proyectos de inversión empresarial; la creación de un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millones y que prestará apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia; la aprobación del programa «Renove 2020» para la renovación del parque de vehículos y cuyas ayudas, que irán desde los 300 a los 4.000 euros, se concederán de forma directa; así como la aprobación de medidas de apoyo al sector turístico español. 


Los reales decretos-leyes son disposiciones legales que entran en vigor en el momento de ser aprobados por el Gobierno pero que deben ser convalidados en un plazo de 30 días por el Congreso de los Diputados para mantener su vigencia. El debate de cada uno de ellos comienza con la defensa del mismo por parte de un miembro del Gobierno y la posterior fijación de posturas de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Los grupos podrán solicitar que estos sean tramitados como proyectos de ley por la vía de urgencia, que deberá ser aprobado por el Pleno de la Cámara. 


Dictámenes de Comisiones


En la sesión también se votan los dictámenes de la Comisión de Interior sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Registro de Nombres de Pasajeros y de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre varios convenios y acuerdos internacionales, todos ellos debatidos en la sesión de ayer martes, 14 de julio. 

El dictamen que ha elaborado la Comisión de Interior sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves fue aprobado, con la incorporación de enmiendas y por unanimidad, el pasado 26 de junio, y tras haber sido rechazada en Pleno la enmienda a la totalidad que presentó el diputado Néstor Rego, del BNG e integrado en el Grupo Parlamentario Plural. 

Con esta norma, asegura el Ejecutivo, se inician los trámites legislativos para incorporar a la legislación española la Directiva de la Unión Europea referente al PNR, con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, incorporando nuevas herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada grave. En ella se crea la Unidad de Información sobre Pasajeros, que estará encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se encargará del tratamiento de los datos del PNR en España y se establecen las garantías legales para la protección de los datos de carácter personal.  

Al tratarse de una Ley Orgánica, para su aprobación se requerirá del voto afirmativo de la mayoría absoluta de la Cámara al conjunto del Proyecto de Ley. De conseguirse, se entenderá aprobada por el Congreso y será remitida al Senado.  

Los 19 dictámenes que ha elaborado la Comisión de Asuntos Exteriores hacen referencia diferentes acuerdos, protocolos, declaraciones, denuncias y convenios internacionales. 
Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética

La sesión comenzó con el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario VOX al Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, en la que solicitaba la devolución del mismo al Gobierno y que finalmente fue rechazada por 53 votos a favor y 296 en contra. De esta forma el Proyecto de Ley supera su primer examen parlamentario y pasa ahora a Comisión, donde se debatirán las enmiendas al articulado. 

Esta norma tiene como principales objetivos que España alcance a más tardar en 2050 la neutralidad de emisiones, es decir, que el país solo emita la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros son capaces de absorber, y que el sistema eléctrico español sea ese mismo año 100% renovable. Para ello fija una hoja de ruta y pasos intermedios, estableciendo, por ejemplo, que en 2030, las emisiones deberán haberse reducido al menos un 20% con respecto a 1990 y que como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable.

El Grupo Parlamentario VOX solicitaba la devolución al Ejecutivo argumentando que la búsqueda de estos objetivos «requerirá de un intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un incremento brutal del gasto público», lo que, aseguran, puede tener «efectos adversos para la inversión, el consumo, el empleo y la competitividad de la economía española», más aún, dicen, en el contexto de recesión que se vislumbra tras la pandemia del COVID-19.

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