Mayor pobreza

                Tres documentos de notable alcance ha hecho públicos estos días Cáritas Española, la ONG oficial de la Iglesia para el Desarrollo. Se trata, por una parte, de los resultados de una encuesta que ha pulsado  el impacto de la Covid-19. Por otra, la Memoria anual 2019 y, finalmente, el Informe 2020 de la Fundación Fomento de Estudios sociales  y Sociología aplicada (FOESSA),  fundada y promovida por ella y que este año, como no podía ser de otra forma, ha puesto el foco del análisis en detectar la incidencia de la crisis en la estructura social de nuestro país.

                Sobre los resultados de la encuesta entre las setenta Cáritas diocesanas existentes, cabe destacar que se ha incrementado en un 57 por ciento el número de personas atendidas a través de los programas de acogida y asistencia; que una de cada tres  que han acudido a ellas era nueva o hacía más de un año que no iba en solicitud de ayuda, y que  se han multiplicado por 2,7 los fondos económicos destinados a cubrir necesidades básicas. También se ha dado especial impulso a la gestión de plazas para personas sin hogar, especialmente expuestas, como se sabe,  al contagio vírico. 

                Por otra parte, la Memoria anual da cuenta del destino de los 337 millones de euros invertidos por el conjunto de las Cáritas diocesanas para acompañar a lo largo de 2019 a un total de 2,4 millones de personas. De cada cien euros invertidos 71 han procedido de aportaciones privadas y 29 de fondos públicos. Ochenta y un mil voluntarios y 5.500 personas contratadas hicieron  posible la actividad llevada a cabo.

                Significativo es, finalmente, el título  del acreditado Informe FOESSA, que este año llega a su novena edición: “Distancia social y derecho al cuidado”. En este sentido,  el estudio destaca que si bien la pobreza severa no había parado de aumentar a pesar del lento proceso de recuperación previo a la Covid, hoy día tres de cada diez personas en  exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso.

                Los hogares en exclusión grave que se sostenían en exclusiva de los ingresos de su actividad laboral y que antes de la crisis casi habían alcanzado la mitad del colectivo, han vuelto a caer dramáticamente. En la actualidad sólo uno de cada cuatro de tales hogares puede sostenerse del empleo. Y las redes de apoyo como la familia y entornos cercanos pierden capacidad de ayuda. Cada vez hay menos desde donde ayudar.

                Cierran el Informe una serie de propuestas o retos que permitan incidir en estos y otros muchos desajustes estructurales detectados. Entre ellos, aislar el debate sobre la salud pública de la crispación del clima político, consolidar el reclamado desde hace tiempo ingreso mínimo vital, y revisar la atención a la dependencia– La ciudadanía  ha tomado conciencia de las deficiencias del sector, tal como se ha puesto de relieve de forma dramática en las residencias de mayores.  Si sólo –dice- se toman medidas de supervisión y control, no se acometerá el déficit estructural de nuestro sistema de dependencia.

                Como punto final, también propone construir puentes de consensos en un contexto de fuerte enfrentamiento político-social. Porque, a su juicio, cada vez son más las evidencias del riesgo que se corre de salir de esta crisis con una polarización social que no ayude a enfrentar el futuro.

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