Marlaska cesa a los que cumplen con su deber

Las personas que, como yo mismo, conocimos en el pasado al juez Grande Marlaska, solemos coincidir en asombrarnos de su evolución, especialmente en la forma de manifestarse y en los criterios que parece ahora asumir sobre cuestiones que, en el pasado, dejó meridianamente claros, sobre todo con sus sentencias. Tuve la grata experiencia de coincidir con él, como profesor de Derecho de la Información, en las Jornadas que organizaban el Consejo General del Poder Judicial y la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo, campus de Ourense, ambos como ponentes, en unos ciclos precisamente sobre libertades públicas, Derecho, libertad de expresión y crítica al poder. Era Marlaska persona especialmente grata, conversador amable y sencillo; pero, sobre todo, dejaba clara su posición de la que no solamente eran evidencia sus documentadas sentencias, sino la eficacia con que fue uno de los jueces esenciales en la lucha contra ETA.

Al contemplar la conferencia de prensa en la que se esperaba que nos explicara las razones que lo han llevado a destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, sentimos muy lejano aquel juez que conocíamos. Un hecho de tal alcance y envergadura quedó reducido a un mero acto administrativo, dentro de un conjunto de medidas de mejora salarial de los cuerpos policiales; pero sin decirnos por qué un guardia civil de tal trayectoria profesional había dejado de merecer su confianza.

Al mismo tiempo, en las redes sociales, los mentideros próximos al Gobierno, que llevan el sello de Podemos, comenzaron a arrojar basura sobre la trayectoria del coronel cesado, calificándolo de “franquista” y extendiendo de modo miserable la porquería sobre su familia, al tiempo de que, modo indocumentado, salían a relucir de tales basureros revisiones de las razones por las que el Tribunal Constitucional tuvo que meter mano en parte del Estatut de Cataluña de 2006 y otras exhumaciones.

Conviene recordar que el cese del coronel Pérez de Cobos sigue a la del que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Manuel Corbí, responsable de investigar los casos de corrupción dentro del cuerpo. El 2 de agosto de 2018, Marlaska ordenó el cese de quien había sido también mando operativo clave en la lucha contra ETA. Entonces, como ahora, la causa aducida, fue exactamente la misma, «pérdida de confianza», aunque la razón verdadera esa otra. Corbí se convirtiera en otro alto mando molesto, porque era el firmante de una carta en la que exponía que la UCO se había quedado sin recursos económicos y que, por lo tanto, debía paralizar todas sus investigaciones. En uno y otro caso, si un alto mando de la Guardia Civil “deja de ser de confianza” tiene que tener una causa. En el caso de Corbí se sabe. En el de Pérez de los Cobos, también, aunque Marlaska lo oculte. La causa es informe que ha elaborado el Instituto sobre la manifestación del 8-M a petición del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que deja en evidencia a tantos personajes implicados. El referido informe señala a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, no había tenido en cuenta las advertencias de los organismos internacionales que alertaban contra la celebración de concentraciones masivas y, en ese sentido, apunta la contradicción de que, mientras se permitió el 8-M, se había impedido la celebración, días antes un congreso evangélico por riesgo de contagios. La presunta responsabilidad salpica de paso delegado del Gobierno, el socialista José Manuel Franco, quien prohibió en las horas siguientes al 8-M varias protestas por la amenaza de expansión del coronavirus ocultando que este era el verdadero motivo.

En ese sentido, los medios favorables al Gobierno se han apresurado en señalar diversos errores y contradicciones en el contenido del informe, que en modo alguno descalifican el carácter del conjunto del mismo. Y en ese sentido, la Asociación Profesional de la Guardia Civil ha insistido en que el equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid que investigaba el caso bajo la dirección del coronel recibió «órdenes estrictas» de la instructora del Juzgado 51 de llevar las diligencias con «la más absoluta confidencialidad y objetividad». Es decir, que el coronel ha sido cesado por cumplir, como era su deber, las órdenes de la jueza. Y Marlaska esto lo sabe, porque el mismo ha estado en la misma situación.

Pero a la serie de torpezas que se han congregado en este caso, se suma otro efecto simbólicamente lamentable, pero de enorme efecto psicológico en la Guardia Civil, la institución mejor valorada y que merece, según las encuestas del CIS, la confianza de los españoles, la dimisión del número dos de la Benemérita, el general Laureano Ceña, el primer mando del cuerpo que informó de las actuaciones en el Estado de Alarma. Adquiere un significado especial que este general deje el cargo a una semana del retiro por edad. Todo un ejemplo de coherencia.

Es necesarios estar conectado para escribir un comentario Conectar