El «Sanchismo» busca avales para su pacto con Podemos

El “Sanchismo” está movilizado a tope para lograr avales y respaldo a su pacto con Podemos. Hasta han invocado el espíritu de la transición y el diálogo de Suárez y Carrillo para justificar la entente con Bildu-ETA, Esquerra Republicana de Cataluña y otros.  Cuando Santiago Carrillo conversa Suárez era un eurocomunista que años atrás había lanzado la propuesta de la reconciliación nacional, de la que el PCE fue pionero. Las conversaciones con Carrillo las inicia, por encargo de éste, un emisario del Rey, quien le da plenas garantías de que el PCE va a tener sitio en la nueva España en una reunión en Budapest, bajo la protección del dictador Ceusesco. Lo cuanta en sus memorias Manuel Prado y Colón de Carvajal que fue el enviado. Suárez desarrolla aquel principio de un PCE que ya no era el de tiempos pasados, Carrillo renuncia a la República y en la primera conferencia de prensa legal coloca la bandera de España. Comparar aquel proceso con la situación actual no tiene ni pies ni cabeza.
Los panegiristas y rapsodas de esta etapa insisten en que es preciso dialogar sin aprensiones ni cautelas previas con los que tienen como objetivo la destrucción del Estado. Y que están en su derecho democrático de pretenderlo. Les convendría saber que, países tan democráticos como Alemania o Francia, contemplan la posibilidad de ilegalizar partidos considerados “anticonstitucionales”, es decir, que tengan como objetivo la destrucción del Estado. Según la Constitución alemana, para que un partido pueda ser considerado como ‘anticonstitucional’ y, por tanto, prohibido, se tiene que probar que sus fines políticos y la actitud de sus miembros busquen ‘perjudicar’ o ‘eliminar’ el orden liberal democrático y/o ‘amenacen la existencia de la República Federal de Alemania’. Es decir, que partidos como Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, en Alemania no iban a tener mucho recorrido. En España, gracias a que Zapatero tenía a un hombre de confianza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y pese a que ya de inicio el Tribunal Supremo lo consideró ilegal, el independentismo de izquierda vascongado, o sea ETA, en sus sucesivas formulaciones, y una inteligente cosmética, pudo salir adelante. En Francia, en 1987, fueron ilegalizados el movimiento independentista Iparretarrak (Los del Norte) y “A Riscorsa”, un movimiento independentista corso.
Cierto que los partidos nacionalistas e independentistas son legales en España. Pero eso no significa que los partidos constitucionales hayan de contar con ellos para gobernar el mismo Estado que aquellos tratan de destruir. No son interlocutores válidos por la propia naturaleza de sus objetivos, no compatibles con un partido constitucional, como de modo explícito declaraba no hace mucho el ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos, del PSOE, resaltando precisamente que era insalvable esa diferencia por lo que el PSOE jamás contaría con ellos para nada por no compartir la misma idea del Estado.
Pero aun cuando se admitirá sentarse con los independentistas, ¿cómo hacerlo si ya ponen sobre la mesa de morfología del acto (de igual a igual el Estado y una comunidad autónoma y un “relator”), la agenda, el objetivo y la materia a discutir, advirtiendo que su meta, la independencia es irrenunciable? Un partido constitucional no puede salirse de ese marco y eso no es posible con los objetivos de los otros. Y no te digo nada si en el Gobierno los independentistas tienen aliados que propugnan reconocerles una de las reivindicaciones no negociables, el referéndum.
En un Estado de Derecho, el recurso a la aplicación de la Ley a quienes la violentan es una práctica ordinaria en una nación civilizada. ¿Cómo se puede pretender que la política declare exentas determinadas conductas a la hora de aplicarles el Código Penal que se aplica a rateros, asesinos y ladrones, como si no cupiera, como decían Platon y Aristóteles, confiar en el Gobierno de las Leyes por encima de todo? La política criminal se aplica, como escribe a “toro pasado”, es decir, cometido el delito se instruye el proceso. No existe una justicia preventiva. ¿Es que las conductas que vulneran la legislación penal deben gozar de dispensa para que no puedan ser contempladas por los jueces ordinarios por ser políticos sus autores?
Los partidos independentistas no son criminalizados por serlo, sino que son ellos lo que saltarse el marco constitucional con sus acciones se meten en el territorio del Código Penal ello solos.

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