Fin de la primera parte

Con la jornada de ayer en los Concellos y el comienzo de la constitución de los Parlamentos autonómicos, puede darse por cerrada la primera gran fase del proceso poselectoral vivido en los casi dos meses que median desde las elecciones generales de finales de abril. Queda por solventar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que no tiene fecha para su celebración.

Ha sido este un tiempo escasamente ejemplar, con los partidos enzarzados en vetos mutuos, exigencias en ocasiones absurdas, reuniones secretas que no lo fueron tanto, acuerdos contra toda lógica política, mezcolanzas institucionales, postureos mediáticos y contradicciones flagrantes, de modo que lo que valía en un sitio era inasumible por los mismos actores en otro.

Ya he dicho en estas mismas páginas que en sistemas democráticos como el nuestro las elecciones tienen, entre otros, dos indisociables objetivos: representar al cuerpo electoral y conformar mayorías de gobierno. Y todo ello está tan vinculado que unos comicios que no sirven para constituir Gobiernos dejan de cumplir, por muy representativos que sean, una de las funciones esenciales en los regímenes parlamentarios.

Añadiré ahora que habrá que hacerlo de muy otra manera al espectáculo ofrecido, donde al final son las formaciones políticas quienes deciden a su gusto y conveniencia y, lo que es más grave, orillando cuando no alterando el resultado de las urnas, expresión directa de la voluntad popular. Así las cosas, el elector viene a votar un poco a ciegas, sin saber dónde va a terminar su papeleta ni qué programa se va a aplicar. No es de extrañar, pues, que muchos se pregunten por la utilidad de su cívico cumplimiento electoral.

En el confuso escenario propiciado por el solapamiento en un mes de tres grandes elecciones, además de las europeas, ha resucitado el debate sobre la conveniencia de reformar la ley electoral para adoptar el sistema de la doble vuelta, en la que, a falta de mayorías claras, sólo pugnarían ya las dos opciones más votadas.

A juicio de los expertos, este sistema tiene también sus pros y sus contras. Los partidarios del mismo alegan que de este modo serían los propios electores quienes condicionasen previamente los manejos de las formaciones políticas y quienes en consecuencia dirimiesen en buena medida la pugna por el poder. Al tiempo, en un escenario electoral fragmentado en exceso como el habido hoy día se aseguraría una mayor estabilidad de los Gobiernos resultantes.

Por el contrario, sus detractores esgrimen los riesgos del eventual presidencialismo resultante y alertan del deterioro que conllevaría para el modelo de democracia representativa y proporcional.

Sea como fuere, lo cierto es que las elecciones celebradas han sacado también a la luz los vacíos y disfunciones de una legislación electoral pensada para situaciones hoy actuantes, pero en su momento poco menos que inconcebibles. Al igual que una Junta electoral central que por las mismas razones tanto ha dejado que desear. Los escenarios son otros.

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