¿Por qué Sánchez ocultó el “Pacto de Estado” que propuso Torra?

 

El “Pacto de Estado” que Torra propuso a Sánchez, y que se ocultó en el comunicado final tras la reunión entre el Gobierno de Estado y el de la Generalitat, supone nada menos que España, como país soberano, renuncie a ejercer sus competencias como tal y ponga en manos de un mediador internacional un problema absolutamente interno.
Torra exige “una respuesta democrática para Cataluña”, o sea, allanar el camino para su independencia; pero ya de paso, piden que se regenere el sistema político de España, que deben entender contaminado; y por fin, revisar lo que llaman “el régimen del 78”, es decir, la vigencia del marco constitucional, si bien tienen la ocurrencia de proponerlo como la “desfranquización de España”; es decir considerar que el Estado debe ser desmontado porque su unidad, pese al Estado de las Autonomías, es una consecuencia del franquismo, lo mismo que su sistema judicial.
Pero lo realmente creativo es pedir que el Gobierno admita una mediación internacional para resolver la demanda de independencia de Cataluña; que, haga lo que haga la Generalitat, se deje de amenazar con el 155, poner fin a los procesos judiciales (que forma parte de los residuos franquistas en la política española) y por fin que se reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Resulta no sólo sorprendente, sino sospechoso, que el Gobierno haya ocultado primero, y restado importancia después, ese documento de 21 medidas que Torra entregó a Sánchez, y que de la que sólo trascendió un equívoco comunicado, donde aparte de afirmar que reconocer obviedades, no se cite a la Constitución, como marco obligado de toda referencia a negociación entre posible entre una comunidad autónoma y el gobierno de la nación para revisar competencias o cambios en las mismas.

El primer equívoco se desprende del propio texto y del análisis del mismo: No es cierta “la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña”, con carácter general, sino en todo caso, con una parte de la sociedad catalana y las fuerzas políticas que la agita y representan. Fue todo un poco a medias para alumbrar el comunicado final: se reunieron los dos presidentes y para evitar que era una cumbre entre gobiernos, se recurrió a la argucia simplista de que los pares de ambos ejecutivos lo hicieran por separado, pero frente a frente, en una sala contigua. Teatral, pero efectivo para lo que los separatistas querían.

 

Torra y la Derecha

Releyendo el comunicado final de ambos gobiernos conviene recordar que las palabras quieren decir lo que dicen: Decir que mantienen diferencias notables entre los que quieren seguir la vía eslovena tras su fracaso en conseguir separar por las bravas a Cataluña de España y quienes deben evitarlo es otra obviedad notable.

La cuestión catalana ataña al conjunto de España, cualquier propuesta política que afecte al Estado tal y como está configurado por la Constitución no puede en modo alguno quedar al margen de toda la sociedad española, ni de lo que opinen el conjunto de los españoles, en quienes está depositada la soberanía nacional. En el mismo sentido, la solución debe atender al interés del conjunto de la sociedad, no sólo catalana sino del resto de España, y de las demandas del conjunto de la ciudadanía de España. En cuanto al marco de la seguridad jurídica, donde se inscriba la solución que se busque no cabe otro que el que se sitúe dentro de la Constitución que tan expresamente se omite.
Menos mal que el Gobierno acaba de tranquilizarnos, tras ocultar lo de las 21 medidas, para decirnos que ese documento no tiene virtualidad alguna, sino que la Moncloa no considera otra base de negociación es el comunicado suscrito por los Gobiernos central y autónomo, en el que se abogaba por dar una salida al conflicto catalán con una “propuesta política de amplio apoyo”.

Las circunstancias han obligado al Gobierno a aclarar el equívoco comunicado, donde, conviene insistir, no se cita la Constitución, sino la seguridad jurídica de lo que pueda acordarse. Ahora se nos dice que para el Gobierno es suficiente, ya que entiende que ese concepto abarca la Constitución y todas las leyes, dentro de los procedimientos que permiten cambiarlas.

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