La oferta de empleo de la Xunta anuncia 2.225 plazas

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó en la rueda de prensa del Consello, que la oferta de empleo público de la Administración general de la Xunta para 2018 se incrementa hasta las 2.225 plazas, el triple que en 2017. De este modo, el total del número de plazas de empleo público ofertadas por la Xunta en este año 2018 llega a 5.736, la cifra más alta desde el 2008.

Feijóo subrayó que “cualquier persona que quiera estudiar un temario de estas oposiciones va a tener plazas de sobra para poder optar a un empleo definitivo en la Administración autonómica” y también se garantiza el derecho a la promoción profesional de los empleados públicos que ya están trabajando en la Administración gallega.

De este modo, del total de plazas: 1.448 son de acceso libre; mientras que las 777 restantes están reservadas para promoción interna, incluyéndose en este último apartado el primer proceso general de funcionarización del personal laboral que se hace en la Administración gallega.

Además, la reserva de plazas para personas con discapacidad en esta oferta de empleo público consigue el 9,37%. Y, de esta forma, la reserva es mayor de lo que establece la legislación, que marca un mínimo de un 7%.

Hace falta destacar que, dentro del acceso libre, las nuevas plazas permitirán reforzar ámbitos de actuación prioritarios para la Xunta como: servicios sociales, la lucha contra el fraude fiscal, el servicio de extinción y prevención de incendios, el asesoramiento jurídico o los servicios generales y de administración.

Así, por ejemplo, la oferta aprobada incluye: 204 plazas de auxiliares (C2); 217 de personal subalterno; 70 en el servicio de prevención de incendios, en la escala de bombero forestal (C2); 165 de auxiliares de clínica (C2); 55 de psicólogos (A1) o 51 de educadores sociales (A2).

En concreto, la oferta de empleo público para 2018 incluye plazas para la estabilización del empleo temporal, incorporando plazas que responden a necesidades estructurales, dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017. También se incorporan plazas para la consolidación de empleo temporal, siendo también plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente y desempeñadas interinamente con anterioridad a enero de 2005, como establece el Estatuto Básico do Empregado Público de 2015.

A las plazas de acceso libre se suman otras 200 plazas para la promoción interna de personal funcionario, unos procesos reservados a empleados públicos que ya son funcionarios y que pueden conseguir un ascenso a puestos de trabajo de mayor responsabilidad y retribución. Y, como novedad este año, se incluyen otras 577 plazas para el proceso de funcionarización voluntaria del personal laboral fijo.

Sobre este punto, Feijóo precisó que este será el primer proceso global de funcionarización que desarrolla la Administración gallega en toda su historia, un proceso previsto en la Lei de Emprego Público de 2015 y que fue pactado entre la Administración y los sindicatos en diversos acuerdos.

Además de este decreto, hoy se aprueba otro de oferta de empleo público para personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria: en total 61 plazas, de las cuales 7 corresponden a la tasa común de reposición de efectivos y 54 a la tasa adicional, para la estabilización de empleo temporal del sector de la salud pública y la administración sanitaria.

Esta convocatoria incluye plazas de inspectores médicos, inspectores farmacéuticos o farmacéuticos inspectores de salud pública.

Feijóo concluyó subrayando que, con esta oferta de empleo público, la Xunta ha ofertado ya más de la mitad de las 15.000 plazas comprometidas en el Plan de estabilidade no emprego público para el período 2017-2020, firmado entre la Administración autonómica y las organizaciones sindicales.

 

 

LEI DE INCLUSIÓN SOCIAL

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó la aprobación en el Consello de la Xunta del proyecto de decreto de desarrollo de la Ley de inclusión social de Galicia que permitirá incrementar las cuantías de la Risga, así como compaginarla con ingresos laborales. Unos cambios de los que se beneficiarán los cerca de 10.000 gallegos que perciben esta aportación económica.

“Se trata de un decreto ambicioso e innovador”, dijo, incidiendo en que una de las novedades más importantes será la posibilidad de compatibilizar la Risga con los ingresos del trabajo, de manera que aceptar un empleo no suponga una pérdida de ingresos con respecto a la renta social. No en vano, estar en situación de desempleo era condición sine qua non para acceder a la Risga.

Como segunda gran novedad que introduce este texto, Feijóo destacó la creación de dos nuevos tramos. Así, si en la actualidad esta prestación se componía del tramo personal y familiar, que se determina en función de las circunstancias de la persona perceptora y se marca atendiendo a las personas que conviven en ese hogar; a partir de ahora, se incluyen dos más: el tramo de inserción, con un complemento del 35% del Iprem (188 euros) durante un máximo de doce meses y prorrogable por otros seis. Al que podrán acceder las personas que superen un diagnóstico de empleabilidad, que deberán suscribir un convenio de inclusión sociolaboral en el que se comprometan a mejorar su formación o hacer prácticas laborales no remuneradas, por ejemplo.

Y el tramo de transición al empleo, un incentivo que se concederá a las personas perceptoras que encuentren un trabajo. Así, durante el primer mes podrán cobrar hasta un 35% más que el salario mínimo interprofesional y esta cuantía irá descendiendo progresivamente, hasta dejar de percibir la Risga al finalizar el semestre.

El presidente de la Xunta aseveró que con la eliminación del requisito de desempleo y la introducción de estos dos nuevos tramos, la Risga se convertirá en un auténtico puente hacia la vida laboral, en la línea de las recomendaciones que hace la Comisión Europea.

Asimismo, otra de las novedades del texto será que, a la hora de calcular si una persona tiene derecho a la Risga, se computarán únicamente los ingresos que efectivamente se cobren, no aquellos a los que se tiene derecho pero que no se están haciendo efectivos.

Además, este decreto también permitirá compatibilizar la Risga con otras ayudas de inclusión extraordinarias, para la compra de alimentación, vestido y menaje doméstico; siempre que se acredite la necesidad de estos productos porque la persona tenga una intolerancia alimentaria, discapacidad o una patología crónica o minoritaria.

En definitiva, un Decreto que supondrá un importante incremento de las prestaciones que perciben las familias que más lo necesitan, concluyó, recordando que el nuevo documento recoge las aportaciones de las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la inclusión. De hecho, además de los plazos de consulta previa y de información pública obligados, se concedió un plazo adicional de 15 días en la fase intermedia de la tramitación y se notificó individualmente a las entidades más representativas de este ámbito.

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