Cuarenta años

Por una circunstancia familiar muy particular no pude votar aquel 6 de diciembre de hace cuarenta años el texto constitucional que se sometía a referéndum. De haberlo hecho, mi voto hubiera sido afirmativo. Pero por motivos profesionales hube de seguir desde primera línea informativa su gestación y los debates parlamentarios hasta que en las puertas del año nuevo fue sancionado por el entonces rey Juan Carlos. Bien era consciente, por tanto, de lo que aquel histórico cierre de la Transición suponía.

Fue una Constitución que había sido elaborada desde un amplísimo consenso de partida sobre su necesidad y que fue abriéndose camino al andar. Un consenso singular que a base de negociaciones y acuerdos entre los grandes partidos políticos del momento terminó por articular un sistema constitucional democrático y plural.
Un consenso que, además, -este fue también su mérito- fue visible para la opinión pública, pues bien pudo ella comprobar que todos habían cedido en cuestiones para cada cual importantes; que todas las grandes cuestiones habían sido puestas sobre la mesa; que no había habido rayas rojas infranqueables y que, al final, se había alumbrado un texto lo suficientemente flexible como para que cupieran en él todos los que en el sistema democrático y parlamentario creían.

Nadie, pues, ha podido presentarla como alineada en uno u otro bando, tal como hizo el profesor Jiménez de Asúa, diputado socialista y presidente de la Comisión parlamentaria encargada de elaborar la Constitución republicana de 1931: “Esta es una Constitución de izquierdas”.

La actual pudo ser mostrada de muy otra manera: como la norma fundamental del Estado que abría posibilidades a todas las fuerzas políticas y que, en todo caso, resultaba reformable desde la primera hasta la última de sus disposiciones. Ello ha sido elemento decisivo para la solidez de que ha disfrutado a lo largo de estos últimos cuarenta años. Aun siendo, por supuesto, mejorable.

¿Procede la reforma? Es la pregunta que tantos se vienen haciendo y que algunos instan, aunque sin concretar apenas nada. El denso y exhaustivo que en febrero de 2006 a petición del Gobierno Zapatero elaboró el Consejo de Estado quedó pronto en el cajón del olvido y en los tiempos de hoy ya resulta casi viejo.
Nuestra historia constitucional apenas conoce momentos de reforma, aunque no falten y aun sobren los procesos constitucionales habidos. Pero no menos cierto es que tras cuatro décadas la sociedad española es muy diferente a la que ampliamente apoyó el texto del 78.

Sus nuevas sensibilidades son muchas y de calado. Han tomado cuerpo nuevos derechos fundamentales, derivados de los cambios sociales, de la implantación de nuevas tecnologías y de avances científicos. Otros habrán de ser redefinidos. Los desafíos de la época que nos toca vivir son más complejos y muchos de ellos, globales. Además, no pocos van siendo ya los españoles que por razones de edad no pudieron votar entonces.

Brilla, sin embargo, por su ausencia aquel motor de arranque que fue el imprescindible consenso de partida. Y sin él cualquier tentativa de reforma está abocada al fracaso. Casi mejor, ni siquiera plantearla.

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