El fiscal que se rebeló para defender a los secesionistas


César Estirado es un fiscal de Madrid que está especializado en desarrollar tareas vinculadas con los delitos contra el medio ambiente. El pasado día 13 de octubre salió del anonimato al redactar un comentario en Twitter con el que quiso expresar su desacuerdo con la acusación por delito de rebelión que se va a dirigir en el juicio oral contra los líderes independentistas por la causa que ha estado siendo instruida por Pablo Llarena. Concretamente, César Estirado compartió el enlace de la noticia sobre la acusación en el proceso contra los independentistas y mostró su “máxima decepción por la decisión de la Fiscalía de formular acusación por rebelión” diciendo que espera que “no se imponga finalmente”, ya que le parece “una acusación sin fundamento legal, profundamente injusta, y vulneradora de derechos fundamentales”.

Muchos compañeros han mostrado su malestar con las palabras de César Estirado, pues consideran que las afirmaciones que el fiscal de medio ambiente ha divulgado constituyen un duro ataque a la unidad del Ministerio Fiscal, que se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución, que fue desarrollado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. Además, es cierto que resulta inadecuado que César Estirado se dedique a atacar la labor que sus compañeros de la Fiscalía del Tribunal Supremo van a realizar durante los próximos meses por las actuaciones desarrolladas para promover la independencia de Cataluña.

Hay dos aspectos relevantes en relación con la opinión de César Estirado. El fiscal, que se ha mostrado muy próximo a Podemos en diversos comentarios vertidos en Twitter, ha presentado su postura de forma lógica en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, pero no es posible que tenga mucha información sobre el caso, ya que no ha participado en la investigación, así que su conocimiento se debe limitar al contenido de las noticias divulgadas por la prensa. Además, no fundamenta su opinión desde una perspectiva jurídica, pues debería explicar con mayor extensión por qué considera que no se ha cometido un delito de rebelión por los independentistas, ya que, aunque es cierto que se puede discutir el elemento de la violencia, las actividades ejecutadas por los secesionistas no deben quedar sin castigo, en la medida en que se ajustan al delito de sedición.

Los fiscales tienen la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. Si hay alguno que no crea en el ordenamiento jurídico, que implica la unidad de España conforme al artículo 2 de la Constitución, puede continuar trabajando en su puesto, pero es posible que llegue a ser más feliz si renuncia a su cargo para poder dedicarse a ocupaciones que le resulten más atractivas.

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