El festín de las viejas Cajas

Por los Juzgados han pasado hasta el momento más de trescientos ex gestores de Cajas de Ahorro para aclarar si hubo responsabilidad personal penal derivada de su respectiva gestión en entidades que acabaron siendo rescatadas. Ya saldaron cuentas en Andalucía, Castilla-La Mancha y, como bien se sabe en estas latitudes, en la Galicia nuestra.

Aunque en distinta fase del procedimiento, estos días lo hacen la Caja Madrid/Bankia de Rodrigo Rato y la Catalunya Caixa de Narcís Serra, las dos entidades que más dinero público recibieron durante la crisis: 34.500 millones en conjunto. Y en  la cola esperan turno altos directivos de Bancaja/Banco de Valencia y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Un otoño judicial caliente se ha abierto, pues, en este sector – o ex sector, si se prefierte- del negocio financiero.

Cumple decir que buena parte de estas y otras denuncias similares  fueron descubiertas y presentadas ante la Justicia desde instancias públicas o semipúblicas; en concreto, desde el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y desde la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), el llamado “Banco malo”, participado por el anterior, en el que las Cajas terminaron por aparcar en su momento  miles de créditos morosos y de inmuebles en venta.

Los analistas, por su parte, coinciden estos días en señalar que las investigaciones judiciales en curso constituyen el juicio a la época negra de las Cajas de Ahorros, que tuvo sus excepciones –no procede generalizar- , pero que supuso la práctica desaparición de las mismas en nuestro país.

Como tantas veces se recuerda, el rescate de las entidades quebradas o en dificultades está costando a los contribuyentes 43.000 millones de euros. Y no tanto así fue por el efecto de una recesión global sin capacidad de respuesta cuanto por la intervención masiva de los partidos e intereses políticos en decisiones técnicas que requerían un alto grado de cualificación y un andarse con pies de plomo.

Prácticamente todas las formaciones políticas y sindicales de cierta relevancia en el momento participaron el festín. A pesar de que su número no bajaba de los sesenta miembros, aquella concurrencia parecía un gobierno de concentración perfectamente engrasado. Buena parte de los integrantes de los grandes Consejos de administración  ni aconsejaban ni administraban.

Cobraban, eso sí, sin tener responsabilidad de ningún género, al tiempo que en beneficio personal  se aprovechaban de otras percepciones dinerarias que por allí se ofrecían. Y en más de un supuesto, autoasignándose en plena crisis unos sobresueldos desproporcionados, ajenos a la real situación de insolvencia de la entidad.  

Todo un escándalo que no conviene –repito- generalizar porque algunas Cajas actuaron desde criterios de racionalidad técnica, se salvaron y se mantienen.  Pocas son, sí. Se trata, con todo, de una época que, afortunadamente, el sector financiero español ha sabido dejar atrás reforzando sus políticas de buen gobierno corporativo.

 

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