Una prueba ilícita tumbó el Caso Guateque

La Sentencia del Tribunal Supremo 311/2018, de 27 de junio, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que declaró la nulidad de las actuaciones procesales desarrolladas en relación con el Caso Guateque, por el que empresarios y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Madrid fueron investigados y enjuiciados por el pago de sobornos para acelerar el otorgamiento de licencias. El argumento principal que justifica la declaración de invalidez es que el proceso penal se inició por la información obtenida indebidamente a través de una grabación realizada por un empresario a instancias de la Guardia Civil antes de que se hubieran comenzado las actuaciones procesales.

Hay que tener presente que el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. Este precepto regula la doctrina del fruto del árbol envenenado, por la que deberá ser declarada la nulidad de una actuación procesal basada en los resultados obtenidos como consecuencia de una prueba ilícita.

La doctrina del fruto del árbol envenenado está directamente vinculada con el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 24.2 de la Constitución Española indica que todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías y la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1994 establece que “la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental no sólo deriva directamente de la nulidad de todo acto violatorio de los derechos reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, y de la necesidad de no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos (STC 114/1984), sino ahora también en el plano de la legalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.)”, de modo que la declaración de la nulidad de una prueba implica su invalidez y la de todas las actuaciones realizadas partiendo de la misma. También hay que destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo 386/2007 dice que “La ilicitud no ha de referirse a la prueba en sí, sino al modo en que la misma se consigue, y cuando se emplean medios ilícitos, como aquí ocurrió, la fuente de prueba no debe ser asumida en el proceso, por lo tanto no ha de ser tenida en cuenta”.

La Sentencia del Tribunal Supremo 311/2018 incide, principalmente, en la importancia de la buena fe en la obtención de la prueba que sirvió para iniciar el proceso penal. La falta de la misma, unida a la ausencia de garantías procesales verificadas por un juez instructor, determinaron la ilicitud de la prueba y de todo lo actuado conforme a ella.

Parecía muy difícil, viendo los planteamientos de la Audiencia Provincial, que pudiera declararse la validez de las actividades jurisdiccionales en el proceso. Por ese motivo, la declaración del Tribunal Supremo no puede generar perplejidad, aunque si que puede ayudar a comprender que las actuaciones de investigación, aseguramiento y enjuiciamiento en el proceso penal deben realizarse con mucho cuidado y sin elegir caminos más cortos en la obtención de pruebas.


Los acusados en el proceso por el Caso Guateque deberían haber sido sancionados conforme al Derecho Penal. Sin embargo, los procesos penales deben tramitarse con todas las garantías, de forma que no se produzca la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que está vinculado con los pilares esenciales del Estado de Derecho y que interesa a todos los ciudadanos, que deben recibir el mismo trato en idénticas condiciones.

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