Asalto a RTVE

De hacer caso a testimonios de quienes la conocen, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, pasa por ser mujer conciliadora, dotada de un sentido ético de la vida y enemiga de banderías ideológicas. Consejera del ramo en el País Vasco entre 2009 y 2012, tuvo el coraje de poner allí en marcha una iniciativa que daría que hablar: víctimas de ETA acudirían a los colegios a ofrecer su testimonio. “Víctimas educadoras”: una lección ética que la juventud vasca –pensaba- no debía ignorar.

Desde el punto de vista académico su mandato estuvo lastrado por el declive del sistema imperante; por los malos resultados que habrían de venir en las pruebas PISA, a pesar de ser aquélla la comunidad que con diferencia más invertía por alumno y la que registraba menor tasa de abandono.

Habrá que ver cómo encaja ese su supuesto talante dialogante con los halcones del zapaterismo que ha incorporado –o le han incorporado- a su equipo directivo en el Ministerio y que no auguran mayores consensos. Echar a andar de nuevo el pacto educativo se vislumbra como imposible. Hay cuestiones y no menores como la enseñanza concertada por donde el PSOE ni ha pasado ni pasará.

Desde luego, lo que a la ministra no le encaja es su función de portavoz del Gobierno. No tiene facilidad de palabra ni agilidad de respuesta. Aunque licenciada también en Derecho, su manejo del vocabulario jurídico es manifiestamente mejorable. Y lleva muy verdes a las ruedas de prensa temas llamados a tener multipreguntas por parte de los informadores.

Entre lo que ella misma se lió –excarcelación de La Manada- y lo que la liaron –decreto ley sobre RTVE- la comparecencia de la semana pasada fue caótica. Claro, que sobre esta última cuestión hay que ser comprensivos con la ministra portavoz porque caótico en sí mismo es en el fondo y en la forma el texto del asalto practicado por el Gobierno sobre Prado del Rey.

No se sabe si al final el PP recurrirá al Tribunal Constitucional, pero razones no le faltarían. Entre otros extremos y para empezar a hablar porque no se advierte en la más que cuestionable reforma de RTVE la necesidad “extraordinaria y urgente” que la Constitución requiere (artículo 86) para dictar disposiciones con rango de decreto-ley.

Desde luego, resulta admirable que quienes se opusieron a intervenir TV3 se hayan dado tanta prisa para hacerse con el control de RTVE adelantándose a eventuales y futuros bloqueos y modificando procedimientos legislativos en curso simplemente porque, en virtud del juego democrático de mayorías y minorías, Gobierno y socios no tenían control total sobre la cúpula directiva del ente público.

Me admira también que quienes hace nueve años regalaron la publicidad a las cadenas privadas y dejaron escuálida y sin capacidad de competencia a Radiotelevisión Española, hayan practicado ahora a costa de ésta y a modo de supuesta salvación un golpe de mano sin precedentes.

Y me admira el silencio cuando no la complacencia con que tamaño intervencionismo ha sido acogido por la mayoría del sistema mediático, como si con ella no hubiera ido el golpe. No sé si será consciente de que mañana puede ser ella misma quien padezca parecidos allanamientos gubernativos. Porque las pulsiones dictatoriales tienden a ser reiterativas. Y en materia de comunicación social, mucho más.

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