Los socialistas impulsan el derecho a la eutanasia

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, impulsada por el Grupo Socialista.

Una vez superada esta primera votación, la iniciativa legislativa continúa su trámite en Comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado para elaborar el dictamen, que deberá ser elevado al Pleno. Al tratarse de una ley orgánica necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de pasar al Senado.

La proposición de ley tiene como objetivo regular “el derecho que corresponde a las personas a solicitar y recibir ayuda para morir cuando concurran las circunstancias previstas en la misma, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse”.

En concreto, establecen una serie de condiciones como tener una enfermedad grave o discapacidad grave crónica, tener la nacionalidad española o residencia legal en España, ser mayor de edad y consciente en el momento de la solicitud, disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades; y haber formulado la solicitud de manera voluntaria, por escrito, que deberá repetirse al menos en una ocasión con una separación de quince días naturales, y no ser resultado de una presión externa, entre otras.

Por otra parte, la iniciativa determina los deberes del personal sanitario que atiendan a esas personas, definiendo su marco de actuación y regulando las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta ley.

El Grupo Parlamentario Scialista indica en el texto que la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante. Además, los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en dicha ley.

Por último, la proposición de ley contempla la creación de una Comisión de Control y Evaluación en cada una de las Comunidades Autónomas, que serán creadas por acuerdo de los respectivos Gobiernos autonómicos.

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