Hasta el 2020

 

El dato  que brilló por su ausencia en el debate de la moción de censura fue curiosamente uno de los primeros que salió a relucir en boca del presidente del Gobierno en la entrevista concedida el lunes pasado a los medios públicos de titularidad estatal: 2020. Esto es, el año en que el advenedizo inquilino de la Moncloa “aspira” a convocar nuevas elecciones generales, agotando así la legislatura.

Bien es cierto que a lo largo y ancho de la sesión parlamentaria Pedro Sánchez tuvo innumerables ocasiones para haberlo hecho. Pero no hubo manera de sacarle una sola palabra al respecto, enrocado como estuvo en que la llamada a las urnas sería la última etapa de un no corto proceso en el que habrían de tener prioridad la “normalidad/estabilidad política”  y la atención a las urgencias sociales existentes. Ingenuo era, por otra parte, pensar que no se iba a autoconceder un generoso tiempo de gracia para recomponer posiciones electorales.

La entrevista fue escasamente viva y novedosa. Porque todo lo demás –emigración, presos catalanes, pensiones, regreso a la sanidad total gratuita para los simpapeles, rescate de la televisión pública, remoción de los restos mortales de Franco, etcétera – ya había sido adelantado de una u otra manera dentro de esa política de comunicación por píldoras que está definiendo al Gobierno en sus primeros compases.

No sé si  cuando lanzan alguna novedad informativa  la dosifican por no tener nada cerrado o si lo hacen para ir sacando progresivos rendimientos mediáticos. Lo practicaron con los nombramientos ministeriales; con los náufragos –o no tanto-  del Aquarius, a los que terminaron acotándoles tiempos de estancia, y con el ya célebre 2020.

Sea como fuere, lo cierto es también que pese al compromiso verbal adquirido a favor de la estabilidad presupuestaria, buena parte de las iniciativas lanzadas hasta el momento implican disparar de forma notable el gasto estatal. Parece que habrá dinero para todo. Para indexar pensiones al IPC, para las propinas –que no reforma- de la financiación autonómica, para engordar el organigrama gubernamental y para rescatar autopistas de peaje. En pocos días, 2.000 millones de euros a mayores. No es de extrañar que Bruselas se haya inquietado.

¿Y cómo será posible? Pues una de dos: o llevando a cabo importantes recortes en otras partidas o aumentado la presión fiscal sobre familias y empresas, en especial a la Banca y a las tecnológicas, para pagar la deuda -18.000 millones de euros- de la Seguridad Social, tal cual desde diversas fuentes oficiales se ha apuntado.

Y una cuestión final menor: ¿desde cuándo, con la disposición transitoria segunda de la Constitución en la mano, es Andalucía una comunidad histórica tal como ha dado por bueno el presidente en la entrevista de marras y en algún que otro anuncio? ¿Cuándo  la comunidad del sur plebiscitó afirmativamente antes del franquismo Estatuto de autonomía alguno, como sí hicieron País Vasco, Cataluña y Galicia? Porque esto es lo que en realidad concede –valga la expresión- el título de comunidad histórica.

Lo que puedan establecer a mayores los estatutos de autonomía no deja de ser un exceso. Curiosamente, en la oleada de reformas estatutarias durante los gobiernos de Zapatero sólo las dos Castillas no incorporaron su definición como comunidad histórica.

 

 

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