Selectividad única

Apoyados por su Administración educativa, cientos de estudiantes castellano-leoneses de Bachillerato se han echado estos días a la calle para reivindicar una Selectividad “justa y única” para toda España. Algo así como el MIR de los médicos. Se sienten perjudicados por tener que superar unas de las pruebas de acceso a la Universidad más duras y ver cómo colegas de otras comunidades, llegados con temarios más cortos, preguntas menos complejas y criterios de corrección menos exigentes, compiten con ellos en notas de corte y elección de carrera en el distrito único que a estos efectos rige. No quieren –repiten- exámenes más fáciles, sino iguales.

No les falta con todo buena parte de razón. Y es que, en efecto, no se entiende mucho que algunas comunidades con pésimos resultados en las pruebas PISA vengan luego a sacar en la oficialmente llamada Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad o EBAU unas notas medias envidiables.

Que nuestro sistema educativo presenta diferencias significativas entre comunidades no es nada nuevo. No hay evaluación internacional que no lo haya reseñado así. De acuerdo con el último estudio de la OCDE, la brecha o gap –como se dice ahora- de los alumnos entre las mejor calificadas (Castilla y León, Navarra, Madrid y Galicia) y los de las peores (Andalucía, Extremadura y Canarias) es enorme. Equivale a todo un curso de aprendizaje.

Y en la cuestión que nos ocupa no podía ser de otra forma. El caso típico que como ejemplo se pone es Canarias. Según PISA, ésta tiene un rendimiento académico significativamente más bajo que otras, siempre más que por debajo de la media nacional: tercera por la cola en competencia en ciencia y comprensión lectora y última en competencia matemática. Presenta además un porcentaje mayor de alumnos con bajo rendimiento y peores índices de equidad. Sin embargo, en la pruebas de Selectividad su nota media es de 6,8, mientras que en la comunidad peninsular es del 6,2 en el mismo examen.

Ciudadanos acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley en la que pretende que Educación y las comunidades autónomas elaboren una EBAU homogénea que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación. No creo que por aquello del fantasma de la recentralización a otros grupos parlamentarios les guste demasiado la iniciativa.

Por su parte, el consejero de Educación de Castilla y León ha pedido al Ministerio que en la próxima conferencia sectorial vele por acabar con el agravio comparativo que el actual sistema supone y asuma sus responsabilidades a la hora de exigir los estándares establecidos por el Gobierno y que el año pasado –asegura- incumplieron once comunidades. Es decir, casi todas. Veremos a ver. Porque ya se sabe que en materia de inspección los Gobiernos centrales no han venido siendo especialmente celosos.

No obstante, tal vez unos y otros olviden algo importante: que desde hace cuarenta años somos un Estado donde las comunidades autónomas tienen -¿inexplicablemente?- competencias exclusivas en materia de enseñanza y donde, por tanto, funcionan con plena legitimidad diecisiete sistemas educativos diferentes. Son consecuencia del autogobierno vigente. No parece fácil de asumir, pero así es.

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