La Constitución de 1978 (I)

Este  año se cumplirán cuatro décadas de la promulgación de la Constitución de 1978. Un período de tiempo que invita a la reflexión, a la meditación sobre esta Carta Magna que ya es la más longeva de nuestra historia constitucional.

 En la historia de un país hay hitos históricos que contribuyen a conformar los rasgos de la ciudadanía política de sus habitantes. Olvidarlos, desvirtuar su sentido, o convertirlos en un tópico inerte, influye de manera inmediata en nuestra propia identidad de ciudadanos. Por eso no es ocioso, sino un saludable ejercicio político, que recordemos la centralidad que entre nosotros ocupa el 6 de diciembre de 1978. Ese día, se abrió para España, para todos los españoles, un esperanzador panorama de libertad, de justicia, de igualdad y de pluralismo político. Recordar esta fecha es reconsiderar el valor de estos preciados bienes, lamentar su ausencia en tantos años de nuestra historia, rememorar el esfuerzo de su consecución y reafirmar nuestro compromiso de preservarlos y enriquecerlo

La Constitución es producto del constituyente, y no podemos por menos de ponderar la prudencia y el sentido de Estado del que en 1978 redactó nuestra norma suprema, por encima de discrepancias ideológicas y de divergencias políticas. Pero la Constitución surge, sobre todo, de la propia sociedad para organizar los poderes del Estado. Es la propia sociedad quien tiene un sentido de la organización de la vida de la comunidad, y una valoración tácita de los bienes que deben ser protegidos y de las prioridades que deben ser asumidas. El acierto del constituyente consiste en percibir esas valoraciones y en sistematizar su contenido. El éxito de nuestro proceso constitucional fue en realidad un conjunto de aciertos en el que todos participaron.

Como ya se indicaba en el artículo 16 de la declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, “toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de Constitución”. De algún modo están aquí implícitos los dos fines fundamentales de la política, la libertad de los ciudadanos -expresada en este caso en la garantía de sus derechos- y la participación, expresada aquí -limitadamente- como participación en el poder político.

Precisamente, las bases del concepto liberal y moderno de constitución se fundamentan en el reconocimiento y garantía de la libertad del ciudadano frente al poder político a través de una serie de principios y técnicas, destacando el respeto a los derechos fundamentales y la consagración de la división de poderes.

Jaime Rodríguez Arana es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago

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