Igualar sueldos

Profesor de Informática en un Instituto. Mismas funciones, mismo horario y misma antigüedad en el puesto. Pues bien: si el docente es funcionario en el País Vasco, su sueldo bruto mensual asciende a 2.757 euros. Si imparte clases en Galicia, es de 2.276; es decir, 481 euros menos al mes. Y si ejerce en Baleares, todavía peor: 2.099 euros. Y un poco igual sucede con los maestros: 2.382 euros en el País Vasco; 2.011 en nuestra comunidad, y 1.834 en las islas.

Son datos facilitados por el sindicato profesional ANPE, que vienen a coincidir –dice- con los elaborados por UGT. Tanto en uno como en otro colectivo, el salario base de turno es el mismo en casi todos los casos. Pero los complementos, tanto de destino como el específico, varían según comunidades autónomas y son los causantes de las diferencias finales. Es de señalar que el segundo de tales complementos es en Galicia el cuarto más bajo para el cuerpo de maestros y el quinto más corto en las nóminas del profesorado de enseñanza secundaria.

El caso es que alentados por la movilización de policías y guardias civiles que reclamaron y han logrado la equiparación salarial con la policía autonómica catalana –los llamados mossos-, los docentes han creído llegado su turno y han empezado a organizarse de cara a la misma. Su situación, sin embargo, es distinta. Maestros y profesores son también cuerpo estatal, pero son los Gobiernos autonómicos quienes pagan los sueldos. ¿A quién, pues, reclamar?

Claro, que bien pudiera repetirse lo sucedido con la subida de los sueldos de los funcionarios: que el Gobierno central termine por decidir al respecto y los Ejecutivos territoriales carguen con lo que el primero sin mayor consulta haya podido establecer. De ello se quejaba hace unos días y no sin razón el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “He echado de menos –dijo- más diálogo con las Administraciones –también con las corporaciones locales- que van a tener que pagar esa subida”.

Sea como fuere, lo cierto es que una vez levantada la veda con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se ha iniciado la inevitable carrera por la igualación salarial. Y ello en un doble sentido: entre las propias comunidades autónomas y en relación con la Administración central cuando la labor sea la misma. Una carrera, en definitiva, de reivindicaciones que de materializarse supondría un incremento más que sustancial del gasto público y, por tanto también, de la factura fiscal de los contribuyentes.

Diferencias hay muchas. Cálculos solventes estiman que si a los 1,4 millones de funcionarios susceptibles de recibir mejoras se les aplicara el mismo baremo que a policías y guardias civiles, el coste total de cerrar brechas salariales oscilaría entre los 12.000 y 15.000 millones de euros extra al año.

Y luego está la también inevitable carrera política. Ciudadanos, por ejemplo, ya se ha apuntado a la misma. Aunque a última hora forcejeó por ponerse en primera fila, lo cierto fue que llegó tarde para capitalizar la equiparación en Interior. Ahora no quiere desaprovechar las muchas oportunidades que se abren: funcionarios de Justicia y Prisiones, profesores, médicos, militares, bomberos y un variopinto etcétera. Le ha dado la fiebre igualitarista.

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