¿Política sin togas?

 

De las caras visibles del llamado `procés independentista`, once están ahora en prisión preventiva y siete se evadieron de la acción de la justicia española. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó también la euroorden contra Puigdemont y los exconsellers huidos. El magistrado envió a prisión sin fianza a varios líderes del procés, entre ellos Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forcadell. Así, pues, hay prisión provisional para los cinco procesados por la causa independentista de Cataluña: la expresidenta del Parlament y cuatro exconsejeros, uno de ellos candidato a la presidencia de la Generalitat.

Esta situación contribuye a que, desde distintas posiciones políticas –no solo independendistas–, afloren voces que alertan ante los riesgos de caer en el gobierno de los jueces, que están para hacer justicia pero no para gobernar un país. Como advirtió el expresidente Felipe González, estas situaciones de “saturación” judicial pueden derivar en que “la Justicia empieza a tomar decisiones políticas” y “eso se llama `el gobierno de los jueces`”, al que se opone. De hecho, Felipe González esperó –sin éxito– que al juez Llanera no se le ocurriese “meter en la cárcel” a Turull y a los otros políticos citados ante el Tribunal Supremo.

Lejos de ello, Llanera decidió enviar a prisión a todos estos políticos independentistas e hizo un relato que presenta interpretaciones cuanto menos sui generis, como comparar la concentración del 20-S frente al Departament d`Economia de la Generalitat con una “toma de rehenes” con “disparos al aire”. En el mundo de la judicatura se interpreta su actuación de manera más benévola. La fuga de Rovira y de Gabriel y el continuo activismo republicano en el extranjero por parte de Puigdemont y el resto de los consellers fugados en octubre estaría causando daño a los demás procesados, sujetos a unas severas y largas medidas preventivas sin estar condenados. El instructor podría estar actuando así para evitar la cara de tonto que se le quedaría si, de aquí al juicio, se le continuaban fugando todos los procesados, uno a uno, para burlarse de él desde Suiza, Bélgica o Finlandia, algo que también invita a reflexionar sobre la capacidad política y diplomática de España en Europa.
Sea como sea, el auto de procesamiento contra los líderes del llamado procés, dictado el viernes por Pablo Llarena, cayó como un mazazo en Cataluña, y no solo entre el independentismo, según constata El Periódico de Catalunya. No es de extrañar, ya que la macrocausa contra los impulsores del referéndum de autodeterminación y de la declaración unilateral de independencia se cierra con 25 procesados por delitos tan graves como rebelión, desobediencia o malversación de fondos públicos, castigados con penas de inhabilitación y decenas de años de cárcel.

La vuelta de tuerca de Llarena disipa las expectativas de diálogo político y podría dar alas a las tesis de Puigdemont en el mundo independentista. Sin embargo, por el bien de la democracia, el eje de la política debería volver a la política y salir de la justicia; es decir, habría que recuperar la política sin togas, ya que del mismo modo que hay que respetar las leyes es menester hacer lo propio con las urnas. Nadie puede pasar por alto que en Cataluña hubo una mayoría independentista en las últimas elecciones autonómicas. El propio juez Alfonso Villagómez sostiene en Mundiario que “no se puede trasladar a los jueces la resolución de los problemas políticos, como no pueden los políticos dejar de cumplir con su trabajo”.

Queda mucho por verse, por tanto, en el conflicto político de Cataluña pero, desde el punto de vista judicial, todas las miradas se centrarán ahora en la fase de juicio oral. Los magistrados del Tribunal Supremo que juzguen la causa, deberán dilucidar si la protesta del 20 de septiembre, los hechos del 1-O en los colegios electorales o del 27 de octubre en el Parlament encajan, como sostiene el instructor, en la tipología penal de rebelión, que exige el requisito de la violencia. De entrada, Llarena lo observa en los hechos de septiembre y octubre hasta el punto de que lo equipara al “supuesto de toma de rehenes con disparos al aire”, como sucedió en el golpe del 23-F de 1981.

Hay juristas que secundan la hipótesis de Llarena pero también hay otros que no ven apropiado hablar de rebelión. Tampoco es menor la controversia suscitada en torno a la aplicación tan estricta de la prisión preventiva a políticos que no han sido juzgados, sino simplemente acusados de posibles delitos que la justicia deberá probar. ¿Qué sucederá ahora? La justicia en España suele ser lenta pero en este caso no habría que descartar lo contrario. Veremos.

 

Jose Luís Gómez es periodista y editor del digital Mundodiario.com

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