Discrepancias constructivas

Reconozco que nunca me han gustado mucho las sentencias y dictámenes jurídicos sobre cuestiones especialmente sensibles aprobados por unanimidad. Y mucho menos si tal general conformidad se manifiesta como un tanto forzada. No sé por qué, pero tengo para mí que los votos particulares, reflejo de discrepancias surgidas, permiten pensar en una menor dependencia o conexión entre quienes deciden, en una mayor riqueza de los debates habidos y en una decisión final más garantista del Derecho que se pretende establecer.

Tal vez por todo ello, no sólo no me sobresaltó como a tantos otros, sino que incluso hasta me pareció digerible la divergencia entre el Consejo de Estado y el Gobierno de la nación a raíz de la pretensión de éste de presentar recurso ante el Constitucional contra la propuesta de investidura del prófugo Puigdemont como presidente de la Generalidad catalana.

Y me parecieron, por tanto, exageradas las gruesas expresiones con que buena parte del sistema mediático descalificó la pretensión gubernamental de seguir adelante con la apelación ante al alto tribunal a pesar del para no pocos “mazazo” y la “demoledora” advertencia en contrario del máximo órgano consultivo del propio Gobierno, cuyo dictamen, como se sabe, era preceptivo, pero no vinculante.

Es verdad que incluso para un lego en la materia a primera vista parecía fuera de lugar lo que bien podía considerarse un recurso preventivo, toda vez que la mera proclamación como candidato para ser investido no supone un acto reprobable jurídicamente y no se había producido, por tanto, ningún hecho que justificara la impugnación.

Lo curioso del caso es que los más críticos venían a ser quienes semanas antes con mayor acritud habían acusado al Gobierno de tardanza en la aplicación del 155, de no haber impedido de facto la proclamación de su supuesta República catalana, de haber permitido al golpista Puigdemont el espectáculo de pasearse por Europa para alardear de su hazaña, y de haberse mostrado incapaz de impedir el ilegal referéndum independentista. Antes el Gobierno se había demorado. Ahora se adelantaba. Ni una ni otra actuación recibía el plácet de tales colectivos.

Llamativa fue también la ofensiva mediática contra Sáenz de Santamaría, a quien se señalaba como la máxima responsable de la presentación del recurso, por muy inverosímil que resultara una iniciativa personal de la vicepresidenta sin haber contado con el visto bueno del presidente del Gobierno.

¿Quién inspiraba tal acometida? ¿Se trataba de un ajuste de cuentas políticas por pasados asuntos de política audiovisual? ¿O era cuestión del llamado fuego amigo salido del propio entorno monclovita? Sea como fuere, lo cierto es que por aquello de que el Pisuerga pasa por Valladolid, algunos aprovecharon la ocasión para lanzar una especie de causa general contra el Gobierno. Demasiado.

Afortunadamente para su promotora o promotores, el recurso tenía una segunda parte, sobre la que el Constitucional se ha manifestado con rotundidad y unanimidad a favor de las tesis de Moncloa, en línea con otros dictámenes jurídicos: no podrá celebrarse el debate y la votación de investidura de Puigdemont por vía telemática ni por sustitución por otro parlamentario. Item más: tal candidato habrá de tener, en todo caso, autorización judicial.

El Gobierno ha evitado así la crítica generalizada, ha acaparado los titulares periodísticos y, sobre todo, se ha adelantado al prófugo, lo que políticamente tiene su indudable valor. Los críticos de la vicepresidenta han iniciado una discreta retirada.

 

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