Recurso de inconstitucionalidad de la ley catalana de consumidores de cannabis

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. A criterio del Ejecutivo, esta Ley vulnera competencias exclusivas del Estado, en particular, la competencia en materia de legislación penal, las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos, la seguridad pública y las relaciones internacionales, por afectar a los convenios internacionales suscritos por España.

Según el Acuerdo aprobado hoy, la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para la aprobación de una norma con este contenido que no puede ampararse ni en el derecho de asociación, ni en la protección de los consumidores, ni en la protección de la salud, y que trata de regular y dar amparo legal a actividades que están tipificadas como delito en el Código Penal. Este texto legal ignora totalmente las competencias exclusivas del Estado, así como de la normativa internacional y estatal vigente.

El Gobierno hace, además, expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución a fin de que el Tribunal Constitucional suspenda cautelarmente la aplicación de la norma de Cataluña, como ya ocurrió con los recursos interpuestos previamente contra la Ley navarra reguladora de clubes cannabicos y con un artículo de la Ley de atención integral de adicciones y drogodependencias del País Vasco con la misma finalidad.

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