La prensa editorializa sobre el 1-O

FRENTE A LA INSURRECCIÓN, LA LEY, PERO NO SOLO LA LEY

El Gobierno de la nación y el de la Generalitat se apresuraron ayer a cantar victoria tras la vergonzante jornada que los ciudadanos de Cataluña se vieron obligados a vivir por culpa de la arrogancia xenófoba de Carles Puigdemont y la absoluta incapacidad de gestión de Mariano Rajoy. Lo de ayer fue una derrota para nuestro país, para los intereses y derechos de todos los españoles, para el destino de nuestra democracia y para la estabilidad y el futuro del sistema de convivencia. Los culpables principales son el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament que pusieron en marcha un proceso para enfrentar a los catalanes entre sí y a Cataluña con el resto de España. Ambos han dado muestras de un increíble sectarismo, con desprecio a la Constitución, al Estatut y al Código Penal. Pero ni sus flagrantes delitos ni sus bravuconadas pueden justificar la pasividad e impericia del presidente Rajoy, su afasia política, su medrosa delegación de responsabilidades en la administración de Justicia y su escudarse en las decisiones de otros. Hoy toca saber cómo va a seguir enfrentando este desafío el Gobierno. Los españoles tienen derecho a que Rajoy se lo explique, sin necesidad de repetir lo que ya sabemos, que es preciso garantizar el imperio de la ley. Tiene que aclarar el presidente lo que quiere y está dispuesto a hacer para que este país y sus 17 autonomías tengan un proyecto de futuro en democracia y pacífica convivencia.

EL PAÍS 1,10. Editorial

NI UN MINUTO QUE PERDER FRENTE AL INDEPENDENTISMO

El 1-O se recordará como el día ominoso en que la irresponsabilidad de una Generalitat ocupada por iluminados y la inoperancia de un Gobierno largo tiempo ausente se confabularon para alumbrar el caos. El referéndum fue un fracaso como consulta, pero ese fracaso degeneró en instantes puntuales de represión: el botín emocional que perseguía el independentismo. Ese era el plan de Puigdemont, una vez desmantelada la logística de una consulta presentable. Los responsables son quienes decidieron tomar a la parte adicta de su propia sociedad como rehén de un proyecto unilateral de segregación, vestido de designio patriótico. Y esos son Puigdemont, Junqueras y Forcadell y el resto de cabecillas cuyo comportamiento tiene que ser juzgado por un tribunal. Puigdemont concretó anoche su amenaza y anunció que en 48 horas trasladará al Parlament el resultado de la farsa de ayer para proclamar la independencia. Rajoy declaró que el 1-O fracasó. Formalmente hablando tiene razón. Pero su estrategia de esperar primero y mandar después a la policía se ha revelado otro fracaso quizá mayor. No ha logrado impedir que las imágenes cargadas de dramatismo den la vuelta al mundo. La gravedad que supone la amenaza de declarar la independencia exige una respuesta contundente por parte del Estado. Ante esta insurrección al orden legítimo, el Gobierno no puede dilatar la asunción de medidas que frenen los planes independentistas, lo que incluye la aplicación inmediata del 155. El Gobierno no puede perder ni un minuto ni le debe temblar el pulso a la hora de hacer frente, con la ley en la mano, a la felonía del independentismo.

EL MUNDO 3. Editorial

EL INDEPENDENTISMO ROMPE CATALUÑA

Los acontecimientos han demostrado que la convocatoria del 1-O no pretendía celebrar un referéndum, sino provocar una ocupación de las calles para buscar la confrontación con el Estado y fracturar Cataluña. Desde el 6 de septiembre, con el golpe de Estado en el Parlament, el nacionalismo apostó por la ilegalidad. Con el eslogan Votar no es delito han captado voluntades y confundido opiniones. El discurso del nacionalismo nunca fue legal sino político. El del Gobierno central siempre fue legal y apenas político, y por eso le faltó estrategia. Ayer se llegó a lo que no era deseable, pero fue inevitable. La intervención de la Guardia Civil y de la Policía Nacional respondió a la necesidad de restaurar el orden legal, asegurar la primacía de la Constitución y cumplir las órdenes judiciales. No hubo referéndum el 1-O. El Estado lo ilegalizó, pero el nacionalismo logró otros objetivos. Ni jueces, ni fiscales estaban capacitados para afrontar la dimensión constitucional de este conflicto, que debió encauzarse con la aplicación del 155 al día siguiente de la aprobación de las leyes secesionistas. El 1-O ha pasado sin que uno solo de sus responsables haya sido inhabilitado o encarcelado. El drama es que hoy no hay motivos para pensar que se abre una puerta al acuerdo. Por eso es necesaria la unidad de los constitucionalistas. Ayer mismo, Pedro Sánchez volvió a moverse en la ambigüedad que le caracteriza. Rajoy debe estar preparado para afrontar en soledad, y con un frente opositor reactivado, la toma de nuevas y más firmes decisiones.

ABC 4. Editorial

EL ESTADO DEFIENDE LA DEMOCRACIA

Los actos de desobediencia perpetrados por los secesionistas, algunos cargados de violencia, obligaron ayer a la Guardia Civil y a la Policía a emplear la fuerza para hacer respetar las decisiones de los tribunales como corresponde a un Estado de derecho. Son rechazables las acusaciones de brutalidad lanzadas por quienes en razón de su responsabilidad política deberían ser prudentes al enjuiciar la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ayer, guardias civiles y policías actuaron con su profesionalidad acostumbrada y proporcionalmente a la violencia ejercida por los radicales. No hay más que un único responsable de lo ocurrido: el Gobierno de la Generalitat que preside Puigdemont, cuyas responsabilidades le serán reclamadas. El referéndum ilegal no podía celebrarse y así ha sido. Si alguien pensaba que el Gobierno de Rajoy iba a transigir con un ataque directo a la democracia, a la soberanía nacional, a la Constitución y al propio Estatuto de Cataluña, se equivocaba. Los separatistas tratarán de camuflar su fracaso invocando supuestas represiones y trasladando el foco a la actuación policial, pero la opinión pública española no se confundirá. Los separatistas aún tienen la oportunidad de renunciar a sus propósitos. Pero que Puigdemont anunciara ayer la declaración unilateral de independencia en los próximos días muestra su intención de volar cualquier posibilidad de que el conflicto puede tener una salida ordenada. El Estado tendrá que responder en consecuencia.

LA RAZÓN 3. Editorial

HAY QUE ABRIR DE INMEDIATO VÍAS DE DIÁLOGO

Las escenas de tensión de ayer en Cataluña están dando la vuelta al mundo. ¿Se podían haber evitado? Sí. Los gobernantes catalanes nunca debían haber forzado el camino de la unilateralidad. Y el Gobierno de España debía haber impulsado hace tiempo un marco de diálogo capaz de crear nuevos consensos en Cataluña. El Gobierno ha atajado un acto de desobediencia con un elevado coste. Ayer no hubo un referéndum digno de tal nombre. El Gobierno de Rajoy ha querido enviar un mensaje de autoridad al conjunto de la sociedad española, a los catalanes, en primer lugar. El precio de esa política, nunca acompañada de una propuesta de diálogo alternativa, es muy alto. El Govern de la Generalitat también es responsable. Nadie puede sentirse orgulloso de lo ocurrido. Nadie puede considerarse vencedor. Hemos perdido todos. Y ahora ¿qué hacer? Hay que intentar abrir de inmediato vías de diálogo porque el desgarro es enorme. En el Congreso de los Diputados debería haber un debate sobre la situación orientado a la búsqueda de soluciones. En el Parlament son necesarias nuevas mayorías porque la política catalana no puede seguir en manos de la CUP.

LA VANGUARDIA 48. Editorial

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