El Tribunal Constitucional declara nula la amnistía fiscal de 2012

El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer por unanimidad la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012. La sentencia, que estima el recurso presentado por el Grupo Socialista en el Congreso, dictamina que es inconstitucional porque la materia que regula no puede ser fijada mediante un mero decreto ley, pues tiene rango constitucional. El Tribunal argumenta que el artículo 86.1 de la Constitución prohíbe el uso del decreto ley para aprobar medidas que afecten de forma relevante a los deberes consagrados en la Ley Fundamental, como “el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. Al respecto, el Constitucional dice que la amnistía fiscal “supone una abdicación del Estado” ante la obligación de hacer efectivo dicho deber.

De esta forma, se legitima, según el Constitucional, “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”. El Tribunal señala que “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario”.

La regularización se dirigió, añade el TC, “a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos”, que “constituyen los pilares estructurales del sistema democrático”. Además, la medida supuso “la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización”. Por tanto, concluye el Constitucional, la norma “afectó a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

En cualquier caso, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta sentencia no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo ayer que el Ejecutivo “acata y cumple” la sentencia del Constitucional. Preguntado si considera la decisión un revés para el Gobierno, señaló que “no es un varapalo en términos políticos, sino la labor de control constitucional” de los tribunales que todos deben acatar.

Fuentes del Ejecutivo, citadas por Europa Press, admitieron que la sentencia es una “contrariedad”, pero subrayaron que se trata de un reproche al procedimiento legislativo elegido pero que no cuestiona la medida. Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha solicitado comparecer en la Comisión de Hacienda del Congreso.

PSOE Y PODEMOS PIDEN LA DIMISIÓN DE MONTORO

 

El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, se felicitó por la sentencia y dijo que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tuviera “un poco de vergüenza” presentaría su dimisión hoy mismo. Saura calificó la amnistía fiscal de medida “vergonzosa” y como “una de las páginas más negras” de la Hacienda Pública. Saura resaltó que si bien la sentencia no tendrá consecuencias tributarias sobre las regularizaciones ya firmes, sí debe tener consecuencias políticas sobre los autores de la amnistía.

Podemos también reclamó la dimisión de Cristóbal Montoro. El líder de esta formación, Pablo Iglesias, ironizó en su cuenta de Twitter: “El Constitucional recoge la alfombra roja que el PP puso a los defraudadores. Pero no hay motivos para la moción…”. En esta línea, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, resaltó que sumando “todas las dimisiones que debe hacer el Gobierno, sale una moción de censura”. “Montoro debe dimitir”, sentenció en un mensaje en Twitter. Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, consideró que el Tribunal Constitucional ha confirmado “lo que el sentido común decía”.

Desde Ciudadanos, su portavoz económico en el Congreso, Toni Roldán, dijo que es “urgente e importante” que Montoro comparezca en el Congreso “para explicar por qué se hizo esa injusta y vergonzosa amnistía”. Roldán acusó al Gobierno de “penalizar a los que cumplen y librar y premiar a los defraudadores y tramposos”. De momento, añadió, quieren escuchar al ministro antes de “valorar” pedir su dimisión o cualquier otra medida.

Mientras, el sindicato de inspectores de Hacienda celebró el “espaldarazo” del TC a las denuncias del colectivo sobre la inconstitucionalidad de la ley. Por su parte la asociación de técnicos de Hacienda Gestha pidió la dimisión del ministro.

Los diarios reflejan que la amnistía fiscal de 2012 supuso unos ingresos para las arcas públicas de 1.192 millones de euros y permitió aflorar más de 40.000 millones en bienes y derechos que no estaban declarados. Asimismo, destacan el nombre de algunos de los que en su momento se beneficiaron de la norma y que hoy están en procesos judiciales por corrupción: Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Oleguer Pujol, José Ángel Fernández Villa, entre otros.

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