Hayek y el Estado (1)

Se cumple este año el XXV aniversario del fallecimiento de Friedrich A.Von Hayek,(1899-1992), uno de los pensadores que mejor supo entender el liberalismo y adaptarlo al mundo contemporáneo. Aunque no siempre fue bien entendido, como suele ocurrir con las mentes geniales, siempre trató de afirmar la libertad frente a los totalitarismos y de criticar la intervención asfixiante del Estado en la vida de los ciudadanos.

Como es sabido, el protagonismo del Estado o del mercado ha sido el gran tema del debate económico del siglo XX. En este sentido, como recuerda Fuentes Quintana, encontramos el célebre trabajo de Enrico Barone publicado en el Giornale Degli Economisti (1.908): El ministro de la producción en un Estado colectivista, a partir del cual comienza un amplio despliegue de estudios de los teóricos de la economía sobre la racionalidad económica de una organización socialista como los de Wisser, Pareto y sus discípulos. La crisis económica que sigue a la Primera Guerra Mundial pone en tela de juicio el pensamiento capitalista y alimenta formas intervencionistas que el economista Mandilesco se encargaría de configurar económicamente. De igual manera, tanto el New Deal de Roosevelt como la encíclica Quadragesimo anno se muestran críticas hacia el capitalismo.

Los planteamientos intervencionistas de Keynes o Beveridge trajeron consigo, tras la Segunda Guerra Mundial, un acercamiento a la planificación del desarrollo o a una política fiscal redistributiva. En verdad, la época de la prosperidad de 1945 a 1973 mucho ha tenido que ver con una política de intervención del Estado en la vida económica. Quizá porque entonces la maltrecha situación económica que generó la conflagración no permitía, porque no se daban las condiciones, otra política económica distinta.
Al amparo de esta construcción teórica, aparece el Estado Providencia (Welfare State) que asume inmediatamente la satisfacción de todas las necesidades y situaciones de los individuos desde “la cuna hasta la tumba”. Es un modelo de Estado de intervención directa, asfixiante, siempre presente, que exige elevados impuestos y, lo que es más grave, que va minando poco a poco lo más importante, la responsabilidad de los individuos. El Estado de Bienestar que ha tenido plena vigencia en la Europa de “entreguerras” es un concepto político que, en realidad, fue una respuesta a la crisis de 1929 y a las manifestaciones más agudas de la recesión.

Los logros del Estado del bienestar en su versión dinámica están en la mente de todos: consolidación del sistema de pensiones, universalización de la asistencia sanitaria, implantación del seguro de desempleo, desarrollo de las infraestructuras públicas. Afortunadamente, todas estas cuestiones se han convertido en punto de partida de los presupuestos de cualquier gobierno que aspire a mejorar el bienestar de la ciudadanía.
Sin embargo, el Estado providencia estático ha fracasado en su misión principal de redistribuir la riqueza de forma equitativa, hasta el punto de que tras décadas de actividades redistributivas no sólo no han disminuido las desigualdades, sino que ha aumentado la distancia entre ricos y pobres. Estas desigualdades han generado grupos de población excluidos y marginados de la sociedad y no sólo debido a circunstancias económicas, sino también a causa de su raza, su nacionalidad, su religión o por cualquier rasgo distintivo escogido como pretexto para la discriminación, la xenofobia y, a menudo, la violencia. Evidentemente, como apunta acertadamente Dahrendorf, esta divergencia sistemática de perspectivas de vida para amplios estratos de la población es incompatible con una sociedad civil fuerte y activa.

Las bases teóricas del Estado del Bienestar fueron criticadas, entre otros, por Hayek, para quien el Estado tiene la obligación de ocuparse por los desvalidos. Tal actividad estatal, sin embargo, para Hayek, no debe ser, directa y primaria. Las ayudas más importantes son las que proceden de la sociedad y de la iniciativa de las personas. El Estado tiene una función subsidiaria que se centra sobre todo en la remoción de obstáculos que impidan el despliegue de la potencia social, por lo que entonces no puede, no debe, exigir obligatoriamente la solidaridad.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo

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