La Audiencia Nacional concluye la instrucción del caso Bankia

 

La Audiencia Nacional ha dado por concluida la instrucción del caso Bankia, que investiga la salida a bolsa de la entidad, y ha procesado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al exconsejero delegado Francisco Verdú, a una treintena de directivos, a BFA y a Bankia por entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores. Por otro lado, se archivan las actuaciones relativas a los organismos reguladores y superiores, con lo que exculpa al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al exsubgobernador Javier Ariztegui, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al exvicepresidente Fernando Restoy.

En un auto, el titular del Juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, señala que en los años 2010 y 2011 los exresponsables de la entidad falsearon las cuentas e incluyeron datos falsos en el folleto informativo de la salida a bolsa, que se produjo en julio de 2011. Junto a Rato, Olivas y Verdú, Andreu incluye a 31 personas físicas y jurídicas, entre ellas el que fuera consejero de la entidad José Manuel Fernández Norniella y el socio de Deloitte Francisco Celma.

El magistrado destaca que los socios de Deloitte gozan de autonomía suficiente respecto de la firma, a la que mantiene en la causa como responsable civil, y que Celma «incumplió el deber de revelar aquellas irregularidades que podían afectar a los intereses de los inversores».

Según sostiene el auto, los administradores de BFA y Bankia «aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraba, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la entidad». De ahí se derivó «un evidente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones como para el Estado, según el auto.

El juez habla de la necesidad de proceder contra los miembros del Consejo de Administración que adoptaron las decisiones, porque su deber era certificar la situación económica de la entidad «mediante la aprobación de las cuentas que se sometían a su consideración» y adoptar «cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias».

Por el contrario, el juez sostiene que los imputados falsearon la información del folleto informativo de la salida a bolsa, de ahí que les achaque un delito de fraude a los inversores, y es que en este caso no solo se produjo un perjuicio al inversor, sino los accionistas que compraron acciones tras el debut bursátil

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