El Supremo condena a Homs a inhabilitacion por el 9-N

El Tribunal Supremo condenó ayer al portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, a un año y mes de inhabilitación, además de una multa de 30.000 euros, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa al desoír la advertencia del Tribunal Constitucional de paralizar la organización de la consulta del 9-N. La sentencia explica que la providencia del Constitucional en la que se acordaba la suspensión de las actividades relacionadas con el proceso de participación era de fácil comprensión y ordenaba a Homs que se paralizaran las actividades ya puestas en marcha y que se abstuviera de promover otras dirigidas a la celebración de la consulta.

El Alto Tribunal absuelve a Homs del delito de prevaricación del que también había sido acusado por el fiscal Jaime Moreno. En este punto, la sentencia argumenta que no se dan los requisitos exigidos para dictar una condena por este delito. Además, la Sala precisa que «limita su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se ha formulado la acusación» y no se cuestiona «si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal», por lo que no entra a valorar si en este caso existió malversación de fondos públicos.

La sentencia es firme, por lo que en cuanto el Supremo la remita al Congreso Homs perderá su acta de diputado. Al respecto, el exconseller adelantó que presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, mientras, solicitará al Supremo la suspensión de la ejecución de la pena. Entretanto, dijo que seguirá acudiendo al Congreso.

Tras conocer la sentencia, Francesc Homs compareció en rueda de prensa en la sede del PDECat, flanqueado por el expresidente catalán Artur Mas y la exconsejera Irene Rigau, así como otros diputados y dirigentes del partido. Homs dijo que el fallo del Supremo es un «error» de un Estado que «ha perdido», ya que sólo da una respuesta judicial a una causa política. En este sentido, subrayó que se trata de «una sentencia política» y añadió: «se nos condena por nuestras ideas, esto no es propio de un Estado de derecho ni democrático».

El Govern expresó su solidaridad con Homs a través de su portavoz, Neus Munté, quien consideró que se trata de una sentencia «totalmente injusta». Para el líder del PPC, Xavier García Albiol, los tribunales «han puesto a cada uno en su sitio». La diputada del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, expresó su respeto hacia la sentencia pero hizo hincapié en que «el problema político sigue ahí». El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mostró su confianza en que la sentencia sirva para que la Generalitat «rectifique» el rumbo de colisión y dé un giro «democrático» hacia el diálogo. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, comentó que no le parece «sensato» que se juzgue o inhabilite a alguien por poner urnas.

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