WikiLeaks ha destapado a la CIA

Ya es algo notorio el conjunto de documentos que WikiLeaks ha comenzado a publicar sobre la CIA para que todos puedan saber que la agencia de inteligencia consiguió articular medios informáticos para poder introducirse, sin el riesgo de ser descubiertos, en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tabletas y ciertos televisores.

 

No solo debe hacerse referencia a cómo se ha obtenido información de personas concretas. Los archivos que se están filtrando especifican, además de procedimientos de obtención, elementos que se refieren a la filtración de datos que se recopilaron efectivamente por la CIA y que acabaron en poder de terceros.

 

La CIA es un buen ejemplo para saber como funciona la estructura política de los Estados. Aunque haya sometimiento al ordenamiento jurídico, hay casos en los que, para algunos, la seguridad nacional debe prevalecer sobre derechos fundamentales como la libertad y la intimidad, sirviendo como argumento para actuar arbitrariamente. Además, se puede destacar la chapuza en la que ha incurrido la CIA al permitir que la información que tenía haya sido adquirida por terceros, que debe referirse a personas importantes de un modo u otro que podrá llegar a tener un gran valor en el mercado negro.
Hay que destacar que la intervención de WikiLeaks ha servido fundamentalmente para conocer un problema real de vulneración de derechos fundamentales por grandes Estados, pero eso no va a impedir que se puedan desarrollar actividades como las que la CIA ha estado ejecutando. Sin embargo, ya se conocen las opciones, que se reducen a permitir que cualquiera pueda ver comprometiddos su intimidad y la privacidad de sus comunicaciones o a adoptar una posición de completo aislamiento digital ante los fallos que permiten que los dispositivos digitales puedan ser intervenidos.

 

Los dirigentes más importantes de los grandes Estados siempre van a sacrificar las garantías que salvaguardan la libertad de los ciudadanos por la seguridad cuando haya riesgos, dejando de respetar las garantías. Eso es un problema y habrá que preguntarse por la cuestión del peligro justificante de la restricción de las libertades y hasta qué punto tiene sentido reforzar la vigilancia estatal en materia de seguridad. Es prácticamente imposible lograr el riesgo cero y además es cierto que puede llegarse a un punto en el que las limitaciones de derechos fundamentales no resulten rentables en términos de reducción del posible peligro.

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