Daños y privilegio

Si no quieres saber, no preguntes. Esa parece ser la política del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la Casa Real. Aunque deberíamos darle la vuelta al dicho y afirmar: si no quieres que se sepa, no lo preguntes. Porque desde 2015 en sus encuestas el CIS ha dejado de interesarse por el valor de la monarquía española a ojos de los ciudadanos. Lo cual resulta verdaderamente sospechoso.

Tras el 23F de 1981, el reinado de Juan Carlos I fue prestigiándose hasta llegar a su cenit en los noventa, para luego ir descendiendo paulatinamente hasta el círculo de escándalos del siglo XXI, ahora colmados con la sentada de la infanta Cristina en el banquillo de los defraudadores, con la insatisfactoria exculpación recibida esta semana y con la entrada en prisión de su duque consorte, si algún chanchullo legal no lo evita.

Desde 2010, tras el estallido del caso Nóos, la abdicación de Juan Carlos I y el bajo perfil de Felipe VI, la valoración de la monarquía rara vez ha obtenido el aprobado popular. En alguna ocasión, en un baremo de 0 a 10, no llegó a obtener ni cuatro puntos de media. Guardar silencio se les antoja a los sociólogos oficiales el mejor sistema para evitar la realidad. O eso parece.

El escándalo mediático y el juicio ya han producido efectos realmente perniciosos para la institución monárquica. De entrada perdió su bula de inmunidad, mediante la cual durante siglos las casas reales han acumulado inmensas fortunas, a costa del pueblo, con todo tipo de negocios legales e ilegales, tráficos de influencia, dádivas y privilegios. Ahora se ha roto la cadena por el eslabón más flojo pero, aunque se pretenda lo contrario, el Toisón de Oro ha quedado muy tocado. Para un amplísimo sector de la población, la imagen de la Casa Real se ha vuelto indigna. Sin embargo no hay datos recientes que lo avalen ni lo desmientan.

La absolución de la infanta Cristina y la baja condena a Iñaqui Urdangarin van a seguir produciendo daños colaterales, ahora ajenos al Palacio Real. De entrada la absolución de la infanta ha obligado a colocar en el mismo estadio absolutorio a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, responsable del área jurídica y fiscal de la fundación. Una equidad, por tanto, bastante sospechosa.
Con ello el “yo confiaba en mi marido” adquiere valor y garantía de inocencia. Imagino que personajes como Ana Mato –ex señora de Sepúlveda–, Carmen Rodríguez Quijano –ex señora de Francisco Correa–, Rosalía Iglesias –señora de Bárcenas– etc. deben de estar aplaudiendo hasta con las orejas y otras, como Isabel Pantoja, maldiciendo el calendario por haber sido pioneras en confiar en el amante corrupto de turno, antes de la revelación de la infanta.

Y, por supuesto, no estoy pidiendo aquello que pudiera ser una condena injusta para nadie. Ni siquiera desconfío de que Cristina de Borbón diga la verdad sumida en su burbuja monárquica-noble-clasista. Ni que las otras cerraran los ojos mientras metían la mano en la cartera. Simplemente creo advertir que este eslabón roto de la monarquía se ha vuelto a ver tratado desde la costumbre y los añejos privilegios de la institución. Y si no, que salga el CIS a la calle y pregunte.
Periodista

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