Los cinco imputados de las Cajas permanecen en prisión

 Ingreso en prisión vista oral_Gregorio Gorriarán, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Javier_ARQUIVO

La Audiencia Nacional ha rechazado la posibilidad de excarcelar a dos de los cinco directivos que permanecen ingresados en dos prisiones por las prejubilaciones millonarias que ellos mismos se asignaron.

Los dos directivos para los que se pedía la libertad son Julio Fernández Gayoso, presidente que fue de Caixanova y el asesor jurídico de la desaparecia entidad, Ricardo Pradas.

La Audiencia ha rechazado los recursos presentados por ambos y, en el caso del de mayor edad, Gayoso,  no acepta el argumento dela condición de jubilado alegando que “no excluye de la posibilidad de delinquir”.

 

 

CONDENA A DOS AÑOS

 

La condena fue ejecutada el pasado 16 de enero  Se trata de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia procesados y condenados: José Luis Pego, Gregorio Gorriaran, Óscar Rodríguez Estrada, el expresidente de Caixa Nova Julio Fernández Gayoso y el asesor jurídico, Ricardo Pradas.

Pese a las acciones judiciales de los condenados, la sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha negado las demandas de suspensión de la condena.

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de los cinco exdirectivos de Novacaixa Galicia Banco (NGC) condenados a dos años de cárcel por las prejubilaciones millonarias  que ascendieron a 14 millones de euros. La sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denegado la suspensión de la condena, una vez que el Tribunal Supremo la confirmó el pasado mes de septiembre, con lo que se acuerda el primer ingreso en prisión para cumplir condena de antiguos responsables de una caja de ahorros.

El Tribunal ha valorado la gravedad de los hechos y que el propio Supremo, en su sentencia de septiembre, considerara benévola la pena de dos años impuesta a los exdirectivos. Además, la Audiencia ha tenido en cuenta también que los condenados no han devuelto el dinero que se fijó en sentencia y que tienen todavía causas pendientes con la justicia.

 La sentencia destaca que la entidad “valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado”.

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