Golpe de Estado permanente

 

                Muchos se están preguntando estos días qué más tiene que suceder para que el Gobierno aplique ya el artículo 155 de la Constitución y pare de una vez por todas lo que el profesor Jorge de Esteban ha calificado como el  “golpe de Estado permanente” que desde hace cuatro años largos viene produciéndose en Cataluña.

La gota que ha colmado el vaso han sido las prisas que sin mayores disimulos les han entrado a las autoridades autonómicas de aquella comunidad para acelerar,  al margen de toda legalidad, la celebración del referéndum de independencia, previsto en principio para septiembre, pero que podría adelantarse para antes del verano si “circunstancias excepcionales o sobrevenidas lo aconsejaran”.

El lunes comienza el juicio contra el ex presidente Mas y sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, acusados de prevaricación y desobediencia al TC por sus  actuaciones en la consulta soberanista de finales de 2014. Y la instrucción de la causa que afecta a la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, se encuentra en la recta final. El horizonte penal que se avecina tal vez esté en la raíz –como sugiero- de las prisas por anticipar el ilegal referéndum. Adelantadas dicen  tener las llamadas “estructuras de Estado” que les permitirían –creen- – echar andar en solitario.

Para hacer frente a la enorme crisis institucional que todo ello supone el Gobierno de la nación tiene en su mano, como se sabe,  la intervención preventiva de las competencias autonómicas por la vía del artículo 155 de la Constitución o, de forma más contundente, la apelación al artículo 116 para declarar el estado de sitio.

¿Ha llegado el momento de que el Gobierno plantee la aplicación de al menos la primera de las alternativas, que en todo caso no implica la suspensión de la autonomía, sino solamente garantizar el cumplimiento de la ley y del interés general? Es lo que desde diversas sensibilidades políticas se viene reclamando.

El Gobierno no cree, por su parte, que así haya de ser ya. Viene dejando muy claro estos días que no habrá ni referéndum, ni nuevo Estatuto ni concierto fiscal para aquella comunidad. Y rechaza “adelantar acontecimientos” sobre lo que allí pueda ocurrir.

Cuenta con una sólida y unánime doctrina del Constitucional al respecto y, por lo que se dice, su voluntad es hoy por hoy no romper la oferta de diálogo con la Generalidad, exigir el cumplimiento de la ley y  parar ante el alto Tribunal acuerdos y decisiones adoptadas. E intervenir de otra manera sólo cuando el choque de trenes sea inevitable.

De precipitarse en las actuaciones, ¿los mismos que ahora le urgen no le acusarían de haber incendiado el conflicto a última hora y de haberlo hecho irresoluble? Mucho me temo que sí.

 

 

 

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