Encajando el rompecabezas

Como era de esperar, la financiación regional fue el tema estrella en la magna Conferencia de presidentes autonómicos celebrada días atrás. Las otras diez/doce cuestiones puestas también sobre la mesa no es que hayan pasado a mejor vida, pero sí han quedado eclipsadas. Aquélla urgía porque el modelo impuesto en su día por Rodríguez Zapatero era insuficiente, injusto y se había quedado más que obsoleto.

Tocaba haberlo revisado antes. Pero eran los tiempos punta de la crisis y el tándem Rajoy/Montoro alegó que no había dinero para repartir más y mejor. Ahora tampoco lo hay, pero se confía en que lo haya. Ya se lo adelantó Rajoy a los presentes en forma de advertencia en el arranque de la reunión: la recaudación fiscal sigue estando 20.000 millones por debajo de la de 2007, cuando comenzó la recesión.

No obstante, el inaplazable proceso técnico y político se ha puesto en marcha y, como va para largo, se espera que en el segundo semestre el PIB se haya recuperado a niveles anteriores y que pueda ser entonces cuando –entre todos; sin tratos preferenciales- se cuadren y cierren las eventuales nuevas cuentas.
La negociación será, como siempre, espinosa, dadas las en la práctica incompatibles reclamaciones que plantearán unos y otros. Habrá, como Galicia, quien pretenda primar la envejecimiento de la población y la dispersión territorial; otras, como Cataluña, limitar el fondo de solidaridad interregional para evitar que, tras aportar al fondo común, una comunidad pueda bajar puestos en el ranking de financiación per cápita; otras harán hincapié en el número de inmigrantes; otras, en la insularidad. Y así sucesivamente. ¿Será encajable el rompecabezas?

De todas formas, a la vista del forcejeo ya iniciado en la propia Conferencia, el punto caliente del futuro nuevo sistema será el de la llamada armonización fiscal; es decir, la reducción de las diferencias tributarias que las distintas comunidades han ido estableciendo en uso de las competencias que en impuestos cedidos total o parcialmente les asiste.

Madrid, por ejemplo, tiene prácticamente exentos de tributación –ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre- los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. Galicia hace lo propio para el mundo rural. Y quien más, quien menos practica sus particulares exenciones. Algunos llegan al contrasentido de bajar impuestos para, a continuación, endeudarse en busca de financiación.
Lo curioso del caso es que quienes más han insistido en poner topes máximos y mínimos a las eventuales exenciones en los grandes impuestos hayan sido las comunidades, casi todas socialistas, que en mayor medida proclaman el autogobierno. Al final –es muy probable- terminará por imponerse algún grado de armonización. Porque tanto las recomendaciones del grupo de expertos de la llamada Comisión Lagares (febrero 2014), como el acuerdo PP/Ciudadanos (punto 5) van por ahí.

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