Para cuando falte la hucha

 

Pacto a pacto. O como se dice en la jerga futbolística, partido a partido. Así parece desarrollarse el proceso negociador entre los dos grandes partidos: con una agenda de trabajo que, por lo que cuentan los entendidos, se va cumpliendo no tanto por un orden previamente establecido, cuanto según necesidades de cada momento.

Hoy por hoy, la mesa está más que ocupada por los presupuestos generales del Estado para 2017. Esperan su turno la reforma laboral y la ley de Seguridad ciudadana, sobre las que habrá también un no pequeño tira y afloja. Sin embargo, la reconsideración del sistema público de pensiones está pasando más en segundo término.

Se trata, sin embargo, de una cuestión técnica y políticamente compleja, que exige tiempo y que de cara al beneficiario resulta urgente habida cuenta del progresivo déficit de la Seguridad Social y de que la llamada “hucha de las pensiones” está prácticamente agotada. En ella sólo quedan ya 15.000 millones de euros, muy lejos de los 67.000 que tuvo en 2011 y que no llegarían para igualar lo que el Ejecutivo sacó el año pasado.

Lo preocupante es que los motivos del desajuste no son coyunturales, sino estructurales: entre otros, el fuerte incremento del número de jubilados derivado de la salida del mercado laboral de la generación del baby boom, y la mayor cuantía –un 30 por ciento como media- de las pensiones de los nuevos jubilados, que han cotizado más y más años.

Para no alarmar al personal, el Gobierno anunció hace unos días que, cuando sea preciso, recurrirá al endeudamiento para asegurar el pago de las pensiones. Los Ministerios implicados han empezado ya a hacer cuentas para calcular cuánta deuda pública necesitará colocar el Tesoro público de forma adicional sólo para sustituir a la hucha. Y las primeras estimaciones hablan de 20.000 millones de euros para los ejercicios de 2017 y 2018; es decir, una cantidad equivalente a la mitad de la deuda emitida durante todo el año pasado.

Tal incremento del pasivo estatal –dicen los expertos- sería inasumible en un contexto en que Bruselas exige reducir el peso de la deuda pública hasta el 60 por ciento del PIB desde ese cien por ciento en que actualmente andamos. Por tanto, el procedimiento previsto no puede tomarse más que como algo coyuntural; como un parche que no resuelve los problemas de fondo del sistema.

Por todo ello, parece claro que los dos grandes partidos no deberían demorarse más de lo razonable para, a través del Pacto de Toledo, acordar las medidas necesarias de cara a hacer sostenible el sistema público de pensiones. Unas pensiones que llevan cuatro años prácticamente congeladas. El Gobierno ha descartado en principio la creación de un impuesto específico como en algún momento ha propuesto el PSOE. Pero algo tendrá que hacer y pronto.

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