Baltar reclama con urgencia la existencia de las diputaciones

 

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El presidente de la Diputación de Ourense y miembro de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Manuel Baltar, remitió una petición al secretario de la FEMP solicitando la convocatoria “extraordinaria y urgente” de  de dicha federación para que se posicione en defensa de las diputaciones provinciales.

Manuel Baltar señala en su escrito que en el acuerdo de gobierno suscrito el día 24 de febrero de 2016 entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, se acuerda textualmente la “supresión de las diputaciones provinciales de régimen común”.

“Considero que dicho acuerdo supone un gravísimo ataque a la autonomía provincial y a sus órganos de gobierno, reconocidos en la Constitución”, afirma Manuel Baltar, y añade que ante este hecho “la Junta de Gobierno de la FEMP, representando al conjunto de los municipios, provincias e islas de España, debe posicionarse en defensa de los intereses del conjunto de las diputaciones provinciales”.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Ourense, de conformidad con el establecido en los Estatutos de la FEMP, solicita que la entidad incluya como único punto del órden del día  un enunciado de “declaración urgente” sobre la defensa de las diputaciones

 

FUNCIÓN DE LAS DIPUTACIONES

 

Manuel Baltar consedera que las diputaciones juegan un papel esencial en la generación de economías de escala, “contribuyendo al abaratamiento de los costes, y produciendo un efecto multiplicador sobre los recursos”. Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad institucional”.

Baltar entiende que las diputaciones “son imprescindibles para dar cumplimiento al artículo 139 de la Constitución, que garantiza que “todos los españoles tienen los mismos derechos y deberes en cualquier  parte del territorio del Estado”. “La supresión de los órganos provinciales ” afirma- “convertiría en ciudadanos de segunda división a millones de españoles que viven en medio rural, en su mayoría en pequeños pueblos, a los que no se les pueden negar los mismos derechos, oportunidades y deberes que al resto de ciudadanos”.

 

 

 

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