Inversión en seguridad en un intento de reducir las muertes en la carretera

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que los Presupuestos de la Xunta para este mismo año consignan una partida de más de 60 millones de euros para la puesta en marcha del Plan de seguridad viaria de Galicia 2016-2020, que prevé reducir a la mitad las víctimas mortales en las carreteras gallegas con respeto al año 2011 y una inversión próxima a los 300 millones de euros durante su vigencia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, que dio el visto bueno la este documento, Feijóo explicó que el Plan de seguridad viaria 2016-2020 se apoya en cinco pilares: optimizar la gestión de la seguridad viaria, conseguir vías de tránsito y movilidad más seguras, apostar por vehículos más seguros, mejorar la respuesta tras un accidente, y trabajar para acercar mayor seguridad a los usuarios de estas vías.

SEGURIDAD DE PEATONES Y CICLISTAS

 

Al respeto, apuntó que el plan aumenta la atención especialmente sobre los usuarios más vulnerables, peatones y ciclistas. Y para eso, dijo, propone medidas específicas para niños, personas mayores y  peregrinos que estén realizando el Camino de Santiago.

Asimismo, indicó que la Xunta va a acometer actuaciones concretas en las vías de titularidad autonómica para la ejecución, por ejemplo, de cunetas de seguridad, para la colocación de barreras y sistemas de protección de motoristas, y en la protección de salvacunetas. Y, junto con esto, mencionó que este mismo año se pondrá en marcha una campaña de educación y sensibilización para reforzar la seguridad de los peones y aumentar su visibilidad.

Feijóo destacó que este nuevo plan da continuidad al anterior, relativo al período 2011-2015, y destacó que fue elaborado con una alta participación, puesto que fue tratado en la Comisión autonómica de Tráfico y Seguridad Viario “donde están las tres administraciones y la Guardia Civil de Tráfico”, y contó con la implicación de las distintas consellerías y con la participación de diferentes agentes sociales. Es el caso de víctimas de accidentes, usuarios de carreteras, autoescuelas, aseguradoras, ciclistas y motoristas, peregrinos, ingenieros, fabricantes de vehículos o representantes de centros médicos y psicotécnicos.

 

 

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