Déficit sin control

Un año electoral como el que acabamos de concluir no es el más propicio para una equilibrada administración de los dineros públicos. Son tiempos en que por razones de captación del voto el gasto se dispara y los mecanismos de control del déficit no funcionan con la presión que debieran.

Y es lo que va a suceder cuando el Ministerio de Hacienda cierre las cuentas de 2015: que nuestro país muy probablemente no cumplirá el objetivo de déficit público del 4,2 por ciento del PIB comprometido con Bruselas. Según datos oficiales, ya a finales de noviembre Administración central, comunidades autónomas y Seguridad Social acumulaban un déficit equivalente al 3,87del PIB, lo que significa que en los primeros once meses del año se habían gastado 42.037 millones de euros por encima de los ingresos.

El desfase parece asegurado, aunque la magnitud del desajuste dependerá de las cifras que presenten los Ayuntamientos y que podrían compensar en parte los desequilibrios de otras Administraciones. Así las cosas, si la prima de riesgo no se ha disparado, es debido a la decisión del Banco Central Europeo de seguir en auxilio de los gobiernos en números rojos.

A la espera, pues, de los datos de diciembre, el margen para cumplir objetivos es más que estrecho. Y los grandes incumplidores van a ser una vez más las comunidades autónomas, que registran un déficit de 14.204 millones (1,31 por ciento del PIB), superando ya así en seis décimas lo previsto para todo el año.

En realidad sólo cinco de las diecisiete comunidades estaban en noviembre por debajo del límite exigido por el plan de estabilidad: 0,7 por ciento del PIB. Galicia, entre ellas, con un 0,50 por ciento. El mayor desfase lo presentan Cataluña y Murcia, seguidas de Valencia, donde el desastre, por lo que se ve, no es sólo de índole política.

Lo malo es que la composición de los nuevos gobiernos regionales no va a facilitar las cosas. De entrada, hay cuatro que no han presentado presupuestos. Algún otro los ha retirado en espera del visto bueno de los socios de turno. Y varios más andan viendo cómo encajar las exigencias de la izquierda radical (Podemos o la CUP), que requieren planes de “emergencia social” con importantes incrementos del gasto.

Así pues, 2016 estará marcado por la formación de un nuevo Gobierno. Pero no sólo. Porque éste tendrá que practicar los recortes extra que ya desde Bruselas se reclaman. Lo que sucede es que ello exigirá el desmantelamiento de buena parte del sobredimensionado sector público, salvo que, como hasta ahora, se opte por el aumento de la presión fiscal y el incremento de la deuda pública. En definitiva: que no pequeña papeleta le espera al nuevo Gobierno. Sea él el que sea.

 

 

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