¿Gana algo España si Cataluña va mal?

No es infrecuente que la tensión política se traslade cada vez más a la tensión económica y social, como si fuera una mera tensión deportiva, de ahí que tenga cierto sentido preguntarnos si gana algo España si Cataluña va mal. Teniendo en cuenta la aportación catalana al Producto Interior Bruto español, del orden de un 20%, no sólo no gana nada, sino que pierde mucho. En plena carrera por salir de la crisis, si el motor económico -básicamente industrial- no funciona, peor le irá al conjunto de España. Porque esto de la economía no es un mero Barça-Madrid, es algo mucho más trascendental.

Los graves problemas presupuestarios y de financiación de la Generalitat catalana que se han conocido, junto a su pérdida de poder adquisitivo, están reflejando que Cataluña ya no es lo que fue, cuando atraía a miles de trabajadores y estudiantes del resto del país. Basta ver el ranking de sueldos medios brutos por comunidades autónomas para constatar que Cataluña se está quedando atrás, mientras se afianzan por delante Madrid, el País Vasco y Navarra. Por increíble que parezca, el salario mensual medio bruto de un catalán es hoy similar al de un asturiano o un cántabro.

El debate sobre el independentismo está servido, casi al borde del ataque de nervios, y la alternativa federalista –tal vez la mejor solución- no acaba de abrirse paso mientras lo que prima es la fuerza de quienes tensan la cuerda. Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro de REDE, del Institut d’Economía de Barcelona y del Foro Económico de Galicia, cree que la descentralización simétrica, como la que domina hoy en España -“dejando al margen a País Vasco y Navarra”- es un enfoque útil cuando lo que difieren son las preferencias sobre menú fiscal, sobre la organización de los servicios públicos, sobre promoción cultural, o sobre estrategias de desarrollo socioeconómico, entre otras cosas. “Pero no vale -advierte el profesor Santiago Lago- cuando lo que es distinto son las preferencias sobre el propio grado de autonomía”. En este caso, cabe pensar en salidas asimétricas que no conlleven agravios comparativos -como aplicar el cupo vasco en términos de financiación per cápita-, pero que sí permitan que unos y otros se encuentren simultáneamente más cerca del grado de descentralización deseado.

No es fácil aplicar la sensata receta de Lago Peñas pero, en el fondo, si hay salida pactada entre Cataluña y España la solución no andará lejos de su diagnóstico. Sea del todo cierto o no, muchos catalanes creen que el Estado trata injustamente a Cataluña, hasta el punto de que casi un 50 % de ellos votan convencidos de que vivirían mejor desconectándose de España. Por tanto, hay un problema político grave, ligado a su vez a un problema económico y social.

Desde la perspectiva de los intereses políticos y económicos españoles -Cataluña representa el 19% de su PIB-, aun cabe hacer una lectura general de optimismo moderado, por cuanto los catalanes no impulsaron mayoritariamente la aventura independentista, si reparamos más en los votos que en los escaños, pero el futuro Gobierno de España, salido de las urnas el 20-D, deberá tomar nota y explorar el camino de reformas que traigan estabilidad territorial duradera en la línea de un posible Estado federal o algo similar, bien pensado y que finalmente contente a todos. ¿O no?

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