Las víctimas de Angrois reclaman justicia en el Obradoiro dos años después

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   Varias decenas de personas, entre ellas víctimas y familiares de afectados por el accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013, han vuelto este viernes a la plaza del Obradoiro, en Santiago, para demandar justicia dos años después del siniestro.

En apoyo a los perjudicados del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, que este 24 de julio cumple su segundo aniversario, han estado presentes en la protesta representantes políticos de distintas formaciones, empezando por el alcalde compostelano, Martiño Noriega.

Ante los medios de comunicación, un portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Arturo Domínguez, ha denunciado que los afectados se sienten «engañados» por el Gobierno y ha criticado que el proceso judicial lleva, a su entender, «un año parado».

Previamente, tras una pancarta que recuerda a los 81 fallecidos y más de 140 heridos, las víctimas se han concentrado a los pies de la catedral compostelana, entre gritos de indignación exigiendo la apertura de una comisión de investigación y la dimisión de responsables. «Éste era un accidente evitable y están haciendo todo para taparlo», ha exclamado una de las víctimas.

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Ya por la tarde, realizarán una marcha después de la misa que se celebrará a las 18,00 horas en la Colegiata del Sar, y desde allí partirán hasta la curva de A Grandeira, donde el Alvia descarriló. Allí tendrá lugar un acto de homenaje a las víctimas con una ofrenda de rosas en memoria de los 79 fallecidos aquel 24 de julio y los que murieron después a consecuencia del siniestro.

Mientras el maquinista del tren que descarriló, Francisco José Garzón, continúa como único imputado en la causa judicial que instruye en Santiago el juez Andrés Lago, las víctimas repasaron un día antes, este miércoles, todas las acciones políticas y judiciales que se han desarrollado. Así, celebraron una asamblea general en el Pazo de Faramello, donde están los árboles plantados en memoria de las víctimas mortales.

 

ASAMBLEA

Las víctimas del Alvia siniestrado el 24 de julio de 2013 en Santiago viven «días de recuerdo» al cumplirse dos años de la tragedia en la que hubo 80 fallecidos y más de 100 heridos, pero, «por desgracia, también días de lucha, de indignación y de rabia porque se empeñan en enterrar la verdad».

Este jueves las víctimas han celebrado una asamblea general en el Pazo de Faramello, en Rois (A Coruña) –lugar en el están plantados árboles en memoria de los fallecidos– en donde han hecho un recorrido por todas las acciones políticas y judiciales que se han desarrollado en este tiempo.

Allí, en declaraciones a los medios, el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha reclamado que «tendría que haber más imputados», además del único existente, el maquinista, al tiempo que ha lamentado que «todo el aparato del Estado» lo impida.

Familias víctimas Angrois_segundo aniversario_dous anos accidente Alvia Santiago

 

«Aparte del maquinista, aquí hay muchos responsables, estamos hablando de dos empresas públicas, de Renfe y de ADIF, y del Ministerio de Fomento, que nos vendieron la Alta Velocidad, que contaba con la última tecnología y los sistemas de conducción automática que costaron 20.000 millones de pesetas, y lo desconectaron porque daba retrasos», ha clamado.

Un día antes de que se cumplan dos años de la tragedia ferroviaria, que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, Domínguez ha vuelto a pedir explicaciones «con luz y taquígrafos en el Congreso de los Diputados», a la vez que ha remarcado que «lo prioritario es que la verdad y la Justicia no son negociables», puesto que «la reparación es que se sepa la verdad y que paguen los responsables».

En este sentido, indica que el que fue juez instructor del caso Luis Aláez y el perito independiente César Mariñas constatan que «hay un montón de incumplimientos de normativa, no se hizo un análisis cuando se cambió el proyecto y tampoco se hizo cuando se desconectó el sistema de seguridad, tal y como indica la normativa europea, por lo que evidentemente tendría que haber más imputados».

Asimismo, el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que agrupa a la mayoría de las víctimas y familiares afectados por el grave accidente ferroviario, ha lamentado que se hable de cifras de las indemnizaciones, ya que lo ve «una estrategia para que la opinión pública hable de otra cosa» y no de los responsables.

CRÍTICAS A PP Y PSOE

Precisamente, este jueves el Grupo Parlamentario del PPdeG ha vuelto a rechazar convocar un pleno para debatir la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois en el Parlamento gallego.

A preguntas de la prensa sobre esta cuestión, Jesús Domínguez ha recriminado: «Ya estamos acostumbrados, llevamos dos años que el Partido Popular y el Partido Socialista, que algo tendrán que ocultar, se niegan sistemáticamente a crear una comisión parlamentaria porque ambos están metidos en este asunto».

En este sentido, acusa al PSOE de poner en servicio una línea «sin terminar y sin hacer las pruebas pertinentes, con un cambio de proyecto que rebajó la seguridad», mientras que con «el Gobierno del PP, con la ministra Ana Pastor, se desconectó el sistema de seguridad».

«Como ambos tienen responsabilidad, ambos son muy amigos en este asunto», ha reprochado al Partido Popular y al PSOE.

«Esperamos, deseamos y seguiremos luchando para que no tengan que pasar nueve años como pasó en el metro de Valencia (para abrir comisión de investigación parlamentaria), lo que pasa es que mientras esté el PP y el PSOE, ambos implicados en este asunto, pues la verdad es que lo tenemos difícil», ha lamentado.

JUICIO

Preguntado sobre las opciones de que miembros de ADIF y Renfe se siente en el banquillo de los acusados en el futuro juicio, Domínguez ha respondido: «El fiscal tiene un jefe, que es el fiscal general del Estado, elegido por el Gobierno; y la Audiencia Provincial tiene un jefe, elegido por el CGPJ, que en su mayoría está elegido por el PP y por el PSOE».

A este respecto, ha llamado la atención sobre que «el abogado del Estado llegó a acusar al juez, a Luis Aláez, de hacer un proceso inquisitorio». «Las víctimas con nuestros medios, que son casi ninguno, tenemos que luchar contra todo el aparato del Estado», ha lamentado.

 

 

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