Grúas y excavacavadoras rodean la casa amenazada de derribo en Ourense

Derrubamento Casa de Reza Ourense

Varias grúas y máquinas de excavación están dispuestas en la casa de Reza (Ourense) amenazada de derribo, mientras docenas de policías desplazados desde Vigo y Madrid acordonaban los accesos al pueblo y rodean la vivienda para proceder a la ejecución de la sentencia, una decisión ante la que alcalde, Agustín Fernández, ha pedido «comprensión» a los propietarios.

Amigos, familiares y vecinos de los propietarios, Rosa María Alonso y Miguel Fernández, han pasado la noche en colchones colocados en el suelo en la vivienda unifamiliar que ya fue vaciada de enseres y muebles durante el pasado fin de semana. Fue a partir de las 7.00 horas de la mañana cuando vieron llegar a los agentes y camiones con grúas.

Entre una gran tensión de familiares, vecinos y futuros ediles de Ourense, los agentes policiales han desalojado a todos a partir de las 9,00 horas, y, en último lugar, han abandonado el lugar los propietarios y su abogado. A las 9,40 horas un camión grúa descargó delante de la casa vallas para colocar alrededor de la vivienda y poco después se instaló en la entrada una pala retroexcavadora. En los cuatro minutos que se permitió el acceso a fotógrafos se pudo ver que los trabajos de derribo habían comenzado.

«Después de la chulería de la comitiva municipal, que ni siquiera respondió a las preguntas del abogado, llegó la incompetencia pues no respetan el reglamento de demoliciones», ha criticado el copropietario de la vivienda, Miguel Fernández, en relación a las labores en Reza. De hecho, el hombre ha confirmado que el Seprona fue a comprobar posibles daños en la masa arbórea de árboles autóctonos y algunos de especial interés.

El cordón policial se mantuvo en los accesos al pueblo y a la vivienda durante varias horas, y hasta el padre de Rosa María Alonso, octogenario, fue escoltado para poder recoger lechugas en su huerta para la comida.

OFRECE SOLIDARIDAD Y PIDE COMPRENSIÓN

De forma paralela, en el Ayuntamiento de Ourense se han desarrollado dos plenos extraordinarios, uno para aprobar las actas del anterior y un segundo para aprobar el pago de una indemnización a una empresa promotora.

Tras este último pleno, el alcalde ha señalado que con el derribo se cumple «una orden judicial que tenía de plazo tres meses desde diciembre» para ser ejecutada y que se ha precipitado por la «insistencia del denunciante».

Al mismo tiempo, Agustín Fernández ha pedido «comprensión» a los propietarios, a los que ha recordado que, como alcalde, está obligado a cumplir la sentencia firme y los autos «contundentes» de una cuestión que viene de hace más de 20 años. También ha expresado a la familia afectada su «total solidaridad», les ha recordado que los «responsables son otros» y ha subrayado que si no ejecuta la sentencia será «sancionado por desobedecer», dado que el juez desestimó todas las peticiones de suspensión cautelar.

La última petición fue presentada por el abogado de los propietarios y dio lugar a una providencia enviada el martes por la tarde al ayuntamiento, que origino el decreto de alcaldía para reemprender la demolición este miércoles. «La vivienda estaría legalizada si no se hubiese caído el maldito Plan General de Ordenación Urbanística del 2002», ha lamentado Agustín Fernández.

«No hay margen de maniobra y el juez es el único que puede suspender este proceso», ha agregado el regidor, que ha reiterado su petición de «comprensión» a la familia, para que «entiendan que no es responsabilidad de este Gobierno, que sólo cumple su deber, y no hacerlo sería una irresponsabilidad».

AMENAZADO EN LA CALLE

Fernández, a modo de balance, ha lamentado que, tras ocho años en el Gobierno en los que ha podido andar por la calle con tranquilidad, haya sido «amenazado» este martes a raíz de este derribo.

De hecho, la edil en funciones Ximena González, del BNG, ha aprovechado el debate sobre el pago a la promotora Proavia –que fue aprobado– para decirle que será «recordado» como «el alcalde que tiró la casa de Rosa y Miguel». El regidor también ha sido increpado desde el público y ha escuchado gritos como «qué vergüenza» o «es una marioneta», por los que ha ordenado desalojar a varias personas.

«Es mejor que nos eche, porque no queremos estar cerca de usted ni de esos caciques corruptos», le han gritado desde el plúblico. Un grupo de unas 20 personas se ha concentrado durante una hora en la plaza mayor con carteles contra el derribo.

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