Silencios y balbuceos

Pocas cosas habrá hecho este Gobierno del Partido Popular tan rematadamente mal como la prometida reforma de la ley del aborto de marzo de 2010 o ley Aído, según también se la conoce. Una norma que el propio PP recurrió en su momento con sólidos argumentos ante el Constitucional y que después de múltiples incumplimientos y vaivenes va a terminar sin tocar en sus líneas maestras. Todo lo que ha hecho por materializar el compromiso electoral adquirido ha sido poco, tarde, mal y a rastras.
Los balbuceos de la vicepresidenta portavoz, Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros de la semana pasada y la información dada por el cuentapoquito ministro de Justicia que la acompañaba resultaron penosos. Una y otro no fueron quienes de exponer mínimamente la postura del Gobierno. Ir un poco más allá hubiera significado pretender justificar lo injustificable.
Aunque más vale poco que nada, la reforma cuyo trámite parlamentario se inició el martes pasado es mínima y, si se me apura, hasta innecesaria. Como se sabe, a efectos de la eliminación voluntaria del embarazo la ley Aído hizo porque sí mayores de edad a las menores con 16 y 17 años. De tal forma éstas podrían abortar con plena autonomía, aunque con previa “información” a alguno de los padres.
Lo que la mini o nanorreforma del PP pretende ahora es que haya un “consentimiento expreso” de los representantes legales de la menor. Resulta, sin embargo, que según las estadísticas que se manejan, el 88 por ciento de tales menores que abortan lo hacen ya acompañadas por sus padres. Es decir, que éstos lo saben más que de sobra y que con su presencia al lado de las hijas prestan un más que consentimiento expreso. Poca cosa, pues, se remedia con el retoque alumbrado.
Tampoco cabe pasar por alto el silencio del Tribunal Constitucional, que desde hace cinco años tiene sobre la mesa el recurso del PP. Si el Gobierno hubiera tenido voluntad de cumplir lo prometido, la resolución del alto tribunal no sería necesaria. Como legislador negativo, al TC le corresponde marcar lo que no cabe en la Constitución. Pero es a los poderes políticos a quienes compete el discrecional campo de lo que sí es posible, que es mucho.
Con todo, el pronunciamiento jurídico hubiera sentado doctrina sobre una norma sensiblemente distinta de la que motivó la primera sentencia de hace treinta años. Y de paso, ante un más que probable fallo de inconstitucionalidad hubiera urgido al Gobierno a una reforma de verdad. Pero el Constitucional no ha querido tampoco meterse en el avispero. Aun estando en juego miles de vidas.

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