Xunta y Fegamp trabajan en la implantación de la administración electrónica

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El presidente de la Fegamp (federación gallega de municipios y provincias), José Manuel Rey Varela, ha presentado este miércoles una ordenanza tipo que, según ha destacado, facilitará adaptarse a la implantación de la administración electrónica a los ayuntamientos de la comunidad, «sobre todo a los pequeños».

En rueda de prensa en la sede de la federación, junto al decano de los ingenieros informáticos y la directora de la Amtega (agencia de modernización tecnológica), Rey Varela ha identificado administración electrónica con «mayor eficacia»; menos costes, colas, esperas y horarios; mejora de la coordinación y sustitución del papel.

Por su parte, la directora de la Amtega, Mar Pereira, ha destacado el nuevo modelo de relación que establece la administración electrónica, antes de enumerar el catálogo de servicios en Galicia, que va desde la firma digital –con 139 entidades locales adheridas– hasta la plataforma para la licitación electrónica –cuyo piloto se desarrolla en el Consistorio de Santiago y en las diputaciones de Pontevedra y Ourense–.

Al respecto de la licitación electrónica por parte de entidades locales, que será obligatoria a partir de 2016, Pereira ha explicado que el proceso para adherirse a la plataforma que prové el Gobierno gallego está «abierto», y no tiene coste. Pero esto «no quita» para que pueda haber, ha dicho, iniciativas individuales «de ayuntamientos grandes».

Ante este extremo, el representante de los municipios gallegos ha aprovechado para indicar que la Fegamp apuesta por la integración en la plataforma de la Administración autonómica, «para evitar costes».

MARCO COMÚN

Por su parte, el decano de los ingenieros informáticos, Fernando Suárez Lorenzo, ha resaltado que la ordenanza que este miércoles se ha presentado es «muy completa» y «fundamental» para el impulso de la administración electrónica.

En este sentido, ha explicado que regula el uso de los medios electrónicos por la administración local de una forma homogénea, disponiendo un «marco común» pero dando «margen» de decisión a los ayuntamientos.

Estructurada en ocho capítulos, ha apuntado, define cuestiones como los derechos y deberes de los ciudadanos, el registro electrónico y el sistema de facturación y pago, entre otras.

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