Aprobada la ley de la calidad de servicios entre críticas de la oposición

Pleno Parlamento Galicia

La ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración ha sido aprobada con los votos a favor del PPdeG, grupo mayoritario en el Parlamento de Galicia, y con el rechazo de los grupos de la oposición, PSdeG, AGE, BNG y mixto, que han criticado la norma porque, a su juicio, «favorece la privatización» mediante la gestión indirecta.

La portavoz del PP en el debate de la ley este martes, en el pleno de la Cámara autonómica, ha sido la diputada Paula Prado, quien ha celebrado que Galicia sea a partir de esta jornada «la primera comunidad que implanta por ley estándares mínimos de calidad» en la prestación de servicios. «Con esta ley, la Xunta podrá exigir el cumplimiento de la legislación laboral y penalizará los incumplimientos», ha destacado.

La socialista Beatriz Sestayo ha comenzado su intervención lamentando el hecho de que la educación, la sanidad y la justicia «quedan excluidos» de la norma, cuando son «servicios públicos esenciales».

En su turno, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ha advertido de que la norma supondrá, además, «precarizar los servicios públicos y a los trabajadores». Más adelante, en la ronda de posicionamiento sobre las enmiendas que se mantuvieron vivas, Díaz ha visto en ella una nueva propuesta «para privatizar a lo loco los servicios públicos» gallegos.

Sestayo, que ha advertido de «inseguridad jurídica clara» al asegurar que la ley «está en contradicción con la normativa vigente» en determinados aspectos «pero no la deroga», ha censurado también la «regresión» que provocará, en su opinión, «en el control de la calidad de los servicios públicos».

A este respecto, Prado ha defendido que el texto legal «penaliza» a los contratistas «si no atienden a las quejas de sus usuarios» y, en definitiva, «abre el camino para una prestación de servicios más ordenada, planificada y con mayores garantías para los ciudadanos».

«CONSENSO CONSIGO MISMO»

Durante el debate, la diputada socialista ha atribuido al Partido Popular una «capacidad de manipulación infinita» al haber reprochado Prado al PSOE su actitud durante la negociación de la redacción final del documento.

Según la popular, el PSdeG se abstuvo en la votación de sus propias enmiendas, algo que ha calificado de «sorprendente» y por lo que ha ironizado con que los socialistas digan «que tienen la mano tendida para llegar a acuerdos».

Sin embargo, la parlamentaria socialista ha respondido acusando a los populares de esa «capacidad de manipulación infinita» y ha aseverado que, a la luz de las enmiendas que acabó incorporando el texto mediante transacción, el consenso del PP «es consigo mismo», pues hace uso de una mayoría absoluta que, pese a todo, «está acabándose».

Por su parte, Paula Prado ha agradecido a Alternativa y Bloque su «actitud de consenso» en el trabajo de ponencia, y ha citado algunas modificaciones realizadas en base a enmiendas suyas, como la derivada de la aceptación de una propuesta de los nacionalistas sobre el uso del idioma gallego. Porque «todos» están «preocupados por su pervivencia», según la popular.
«CUANDO GOBIERNAN, PRIVATIZAN»

Con todo, por parte del BNG, Tereixa Paz ha recriminado la «apuesta clara» por la prestación indirecta que introduce la ley, algo en que ha coincidido la miembro del grupo mixto Consuelo Martínez, que ha hablado de una «simplificación de la privatización de los servicios públicos».

Frente a esto, la portavoz del PPdeG ha dicho que los grupos de la oposición «cuando gobiernan privatizan, y cuando no gobiernan dicen que los demás privatizan», y ha rechazado «entrar en el fango» que ha visto en las alusiones de Sestayo al hecho de que la Justicia investigue a la popular por un supuesto delito de fraude y tráfico de influencias en el marco de la ‘Operación Pokémon’.
MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO

La ley de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración fue aprobada en la reunión semanal del Gobierno gallego el pasado mes de octubre. Entre otras cuestiones, el texto permitirá penalizar a empresas concesionarias de la Xunta que no cumplan con los estándares de calidad fijados en los pliegos de contratación. Además, este «incumplimiento» dificultará su acceso a posteriores contratos.

Al término de aquel Consello, el presidente Alberto Núñez Feijóo concretó que esta norma se aplicará a los contratos financiados con fondos públicos, al igual que a los servicios prestados por empleados públicos que dependen directamente de la Administración autonómica.

Así, dijo que se garantizará que los pliegos introduzcan los mecanismos necesarios para medir la calidad del servicio y que las retribuciones vayan vinculadas a ese nivel; intentando que el sistema habitual de contratación en la Xunta sea el de «pago por objetivos» y no una retribución constante «independiente» de la calidad prestada. Estas obligaciones de calidad se extenderán también a los subcontratistas, añadió, en el caso de que los haya.

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