La Xunta delega en la asesoría jurídica la defensa de un funcionario o cargo imputado

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La nueva ley que regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y autoridades de la Administración gallega deriva en la Asesoría Xurídica de la Xunta la decisión y determina que si el imputado en cuestión finalmente es defendido y pierde el pleito deberá, como había avanzado ya el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, abonar los gastos generados en el proceso.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que ha aprobado la norma que llega para «cubrir los vacíos legales» de una legislación que data de 1984, Feijóo ha remarcado que la decisión sobre la defensa ya no dependerá de una esfera «política» como puede ser la Consellería a la que esté adscrito, sino que se descargará en un «cuerpo técnico», el de la Asesoría Xurídica, cuyo labor ha ensalzado.

Hasta el momento en la Administración gallega la decisión acostumbra a partir del departamento en cuestión, aunque la última palabra la suele tener la Asesoría Xurídica, que decide si veta o no una defensa. Ahora quedará regulado por una ley que, además, rechazará la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya «indicios» de que ha actuado «contra los intereses de la administración».

Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento, podrá ser «revocada». Igualmente, si se niega la defensa a un empleado público o autoridad por una actuación en el ejercicio de sus funciones y éste resulta absuelto, también deberá ser indemnizado por la Administración autonómica.

Entre los departamentos en los que se genera un mayor movimiento judicial ligado a la administración están la docencia y la sanidad. Aunque no dispone de los datos de litigiosidad, Feijóo ha destacado la «magnífica labor» de los miembros de la Asesoría Jurídica y sus victorias «en defensa de los intereses» de la comunidad.

Esta norma forma parte del paquete de «cinco leyes en 50 días» anunciado por Feijóo para «el impulso a la regeneración democrática». La ley de financiación de partidos ya ha sido aprobada y la de transparencia seguirá los mismos pasos este mes. El paquete lo completarán otros dos textos legislativos para reforzar el papel del Consello de Contas en la lucha contra la corrupción y para potenciar la participación ciudadana, que impulsará el Grupo Parlamentario Popular.

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