Juicio del Códice: El administrador de la Catedral encargó la instalación de la cámara oculta

Xuzo Códice Calixtino_Castiñeiras_EP

   El administrador de la Catedral de Santiago Manuel Iglesias, encargó a una empresa de montajes eléctricos durante el tiempo que estuvo en este puesto que instalase una cámara de seguridad oculta en su despacho para vigilar la caja fuerte y pidió expresamente que este elemento no figurase en el albarán de pago para que «no se supiese».

Así lo ha afirmado este viernes en sede judicial el técnico que se encargó de la instalación y mantenimiento de esta cámara, un dispositivo que grabó unas imágenes en las que supuestamente puede verse a José Manuel Fernández Castiñeiras abriendo la caja fuerte del despacho y sustrayendo el dinero de la caja de la Catedral.

El testigo ha explicado que instaló en torno al mes de junio de 2010 una cámara de seguridad con grabador en el despacho de Manuel Iglesias a petición de este, así como un sistema de encendido automático de las luces del despacho. Sin embargo, en el albarán de cobro, la empresa atribuyó el coste de ambos aparatos al sistema de luces, mucho más barato, porque «don Manuel no quería que se supiese nada», ha indicado el testigo.

El módulo de la cámara se puso «oculto» dentro de una «caja de electricidad» de unos cuatro por cuatro centímetros, mientras que el módulo grabador -de mayor tamaño y que dispone de un visor para comprobar su funcionamiento– se ocultó en un armario, ha indicado el testigo. Tras entregar el presupuesto, la empresa esperó a que el administrador les llamase para instalar el aparato, que se hizo a última hora de la tarde, «después de las 20.00 horas», ha concretado.

El técnico ha explicado, a preguntas de la defensa, que la cámara registraba imágenes todo el tiempo, pero que únicamente grababa cuando «detectaba movimiento» y registraba unos segundos antes y después de ese movimiento para que se «viese bien». A pesar de que se instaló un sistema automático de luces para mejorar la imagen de la cámara, ambos sistemas no estaban necesariamente conectados.

AVERÍA DE LA CÁMARA

En torno a un «mes y medio» después de instalar la cámara, el técnico tuvo que volver a la Catedral porque «por algún motivo» el aparato se «estropeó». «Se quitó, se envió al proveedor, el proveedor envió una nueva y se instaló», ha narrado ante el tribunal.

Según ha explicado el técnico, el administrador detectó que la cámara no funcionaba porque al mirar el grabador «en el monitor no se veía nada». El testigo acudió a la administración de la Catedral, «rebobinó» las imágenes hasta donde se veían, «una semana más o menos», e instaló una nueva cámara. Sin embargo, no se cambió el grabador, que mantuvo en memoria «lo que hubiese grabado».

El testigo ha reconocido que, en algunas ocasiones, Manuel Iglesias le llamó para preguntarle cómo funcionaba la cámara y para comunicarle que «se habían perdido las claves y no podía sacar las imágenes». «En más de una ocasión le expliqué cómo funcionaba», ha apuntado.

UNA LLAMADA DE LA POLICÍA

La última ocasión en la que el técnico mantuvo relación con este grabador fue a raíz de la llamada de la Policía, en la que le comunicaban que necesitaban su presencia porque «no podían sacar las imágenes».

Ante el tribunal ha reconocido que acudió a la Catedral, donde se encontraban Manuel Iglesias y «otro cura» e intentó acceder a las imágenes, pero sin éxito. «La imagen en directo de la cámara se veía, pero no podíamos acceder a ver las grabaciones anteriores», ha narrado el testigo, quien ha precisado que sabía que funcionaba el grabador porque aparecía en pantalla «un punto rojo» cuando se movían por la sala.

Por orden de la brigada de Patrimonio, el técnico «desconectó» el grabador para que la Policía se lo llevase a su laboratorio y «el mismo día» dejó el aparato a Manuel Iglesias y otro religioso.

En la jornada de este viernes, la séptima del juicio por el robo del Códice Calixtino, estaban citados a declarar 10 testigos. Sin embargo, al inicio de la sesión, la defensa a renunciado a tres de los comparecientes, entre ellos al obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, que finalmente no ha declarado, como estaba previsto

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