Los sueldos públicos

El Portal de la Transparencia que “destapa” más de 500.000 datos de la Administración del Estado no está teniendo mucha éxito entre los ciudadanos porque en la primera semana solo recibió 378 consultas. Todo indica que el dato que atrajo más la atención –mediática y ciudadana– de este streaptise fue la escala salarial de los altos cargos.

Es que canta mucho que aparezcan en el Portal en torno a 250 dirigentes de segundo y tercer nivel de responsabilidad -en la Administración central y periférica-, que perciben salarios mayores que sus jefes, que son el presidente del Gobierno, la vicepresidenta y los ministros.

Si se analiza con criterios de racionalidad, la gradación de salarios que presenta el Portal de la Transparencia es una gran anomalía. Cualquier manual de dirección de empresas enseña las variables determinantes para fijar los salarios y entre ellas sobresale la responsabilidad que conlleva las funciones y tareas del puesto de trabajo. La capacidad para ejercerlo, que es otra variable, se les supone, aunque en política a veces es mucho suponer.
Es indudable que la responsabilidad del Presidente del Gobierno y de los ministros es mayor que la del presidente de la SEPI que casi triplica su sueldo, de su jefe de gabinete o del delegado en la Zona Franca de Vigo, por citar solo tres cargos que cobran más. El colmo de esta locura salarial es que algunos presidentes de federaciones deportivas que reciben subvenciones de los presupuestos del Estado tienen una nómina muy superior al jefe del Ejecutivo y a la de la mayoría de los presidentes autonómicos, incluido el presidente de Galicia.

Es un dislate que los primeros espadas que tienen que lidiar con los grandes problemas del país cobren sueldos inferiores a directivos de nivel medio de algunas empresas privadas. Como es inadmisible que a cargos de niveles inferiores en la Administración se les pague más que los jefes que les dirigen.
Son los despropósitos de la Administración del Estado y veremos más cuando se abran los portales de transparencia de las autonomías, que también andan escasas de criterios de racionalidad. Por eso conocido este caos, deberían fijar unos salarios para los servidores públicos acordes con la responsabilidad que desempeñan y teniendo en cuenta lo que ocurre en el mercado y en los países de nuestro entorno. Los políticos merecen salarios dignos, aunque quizá no sea muy oportuno decirlo ahora.

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