Petición de 21 años de inhabilitación para la concejala ourensana Áurea Soto

Concelleira socialista Ourense Áurea Soto

El promotor denunciante en la plaza de San Antonio de Ourense pide 21 años de inhabilitación especial para la concejala de Urbanismo Áurea Soto, por decisiones que tomó en los años 2007, 2009 y 2011 en relación a edificios de viviendas y un aparcamiento construidos y legalizados en dicha plaza.

El escrito de la acusación popular, al que tuvo acceso Europa Press, atribuye a Soto dos delitos de prevaricación administrativa y uno más del ámbito urbanístico, por los que pide siete años de inhabilitación por cada uno. Asimismo, califica de delito de prevaricación urbanística la actuación del abogado Carlos Hernández, de A Coruña, por lo que pide para él la inhabilitación especial durante 7 años, además de una multa de 3.600 euros.

La denuncia fue presentada por Democracia Ourensana ante la Fiscalía de Ourense a principios de 2013, pero el grupo político no se personó en la instrucción, algo que sí hizo la hija del promotor local Bautista Rodríguez, que tenía en marcha un proceso en el juzgado contencioso-administrativo contra Áurea Soto, porque no resolvió «revisar de oficio» el expediente de la plaza de San Antonio.

El abogado Antonio Feijóo Miranda, de la acusación, ve como hechos punibles, según su escrito, la propuesta de Soto en la junta de gobierno local extraordinaria de diciembre de 2007 en la para votar a favor «de dar licencias de legalización de obra, ocupación, usos y apertura de un aparcamiento en el subsuelo público de la plaza», teniendo pronunciamientos en contra como una sentencia firme del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) de 2004.

«La edila tenía plena conciencia de su ilegalidad, por ser licencias contrarias a las normas legales, de las que prescindió de forma consciente», sigue el escrito, en el que se alude a la formación especializada y «dilatada» experiencia en materia urbanística de Soto.
INFORME «A MEDIDA»

Dos meses antes de esa junta de gobierno local, según la acusación, el abogado coruñés Carlos Hernández «emitió como asesor externo, y a petición expresa de Áurea Soto», un informe jurídico que «avaló y dio cobertura» a las licencias otorgadas después, «manifiestamente ilegales tal como advertía ya la sentencia del TSXG.

El abogado asesor «eludió conscientemente el fundamento del fallo judicial, donde decía que, tanto el suelo como el subsuelo de la plaza de San Antonio, fueron cedidos obligatoriamente a dominio público municipal, por lo que no cabe aprovechamiento privado del subsuelo, a no ser por una concesión administrativa».

La edila de Urbanismo, según la acusación popular, no pudo obtener de los funcionarios municipales un informe favorable al otorgamiento de las licencias para legalizar construcción, ocupación y uso del subsuelo público de la plaza.

De esta manera, añade, «encomendó verbalmente al abogado de su confianza personal, que ya lo era del partido socialista, que emitiese un dictamen para dar cobertura jurídica a la decisión tomada por ella de antemano». Asimismo, apunta que no consta el encargo ni hay contrato «sólo la factura, sin aceptar por el funcionario que era jefe de la asesoría jurídica».

El escrito se refiere a la actuación del segundo imputado, como «colaboración delictiva», porque «desafía abiertamente un pronunciamiento judicial firme» al elaborar un informe «que partió de la falsa premisa de que la plaza de San Antonio es privada».

Después de su informe «a medida», dos arquitectos municipales informaron, en diciembre de 2007, a favor de dar las licencias de legalización «en el que tuvieron que partir, por la petición de la edila, de las conclusiones que están en el informe de Carlos Hernández López».
«ESCANDALOSA INDEMNIZACIÓN»

La acusación se refiere también a una segunda junta de gobierno local, en marzo de 2009, en la que Soto votó a favor de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Ourense y una vecina que vive en un edificio afectado por las nuevas construcciones de la plaza.

A ella se reconoció una «escandalosa indemnización» de 358.828 euros «no fijada por resolución judicial» para resarcirla «de un daño que no corresponden con el realmente causado, que era una reducción de luminosidad por un patio interior de tamaño reglamentario», apunta.

El pago de la indemnización, según el acusador, fue reconocido por la edila, «que sabía de la injusticia de ese pago, pues se hizo con el único propósito» de que la beneficiaria «desistiera del recurso» que había presentado contra la concesión de licencias. Pero, agrega, «nunca abandonó su vivienda ni alquiló otra», y después de cobrar, retiró el recurso.

Además, esa indemnización «permitió a la edila salir en todos los medios pregonando que solucionó el problema de la plaza de San Antonio, para obtener rédito político, pero nada más lejos de la realidad», según el letrado.
APERTURA DE JUICIO ORAL

El tercer delito calificado por la acusación se refiere a la decisión de Áurea Soto «consciente de la ilegalidad de las licencias», por no tramitar ni llevar a junta de gobierno local la solicitud de revisar de oficio el expediente de la plaza, en lo que se refiere al subsuelo, tal como había pedido la hija del empresario Bautista Rodríguez. La falta de resolución llevó a Rodríguez a denunciar en el juzgado de lo contencioso-administrativo.

Según se detalla en el escrito de la acusación popular, ejercida por el promotor y su hija, los delitos imputados «carecen de un perjudicado concreto», y justifica así que no se ejerza la acusación particular. «Los bienes jurídicos protegidos son de indudable naturaleza colectiva», lo que explica la acusación con carácter popular, indica.

Ese carácter legitima a la acusación para «instar, en solitario, la apertura de juicio oral, en el supuesto de que no lo hiciera el Ministerio Fiscal».

En su solicitud de apertura de juicio oral, incluida en el escrito de acusación, propone varias pruebas documentales y el testimonio de funcionarios municipales y los copropietarios de la vivienda afectada por las nuevas construcciones de la plaza de San Antonio.

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