Año primero de la Lomce

Que se sepa, ninguna ley fue tan vituperada ni suscitó tanta unanimidad en su contra como la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que empieza a aplicarse este año en tres cursos de enseñanza primaria. Es más, el curso escolar, al que hoy se incorporan los alumnos de ESO y bachillerato, comienza con críticas a la Ley y con la llamada a tres días de huelga en su contra para octubre.

El hecho cierto es que la Lomce fue aprobada con la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno sin que contara con votos de la oposición y, lo que es más grave, con gran parte de la comunidad educativa en contra de una norma que, dicen sus detractores, no mejora lo que había.

Por contra, sus defensores sostienen que la Lomce merece, cuando menos, una oportunidad para implantar los cambios necesarios para dejar atrás las altas cifras de fracaso escolar, que los últimos datos sitúan en torno al 23 por cien, y para mejorar los mediocres resultados que obtienen nuestros escolares en las clasificaciones internacionales, como los informes PISA. Desborda el espacio de esta columna analizar las fortalezas y debilidades de la Lomce. Los expertos señalan entre sus puntos fuertes que fije con claridad los contenidos de las materias troncales, que potencie la Formación Profesional y recobre el valor del mérito y el esfuerzo. Por contra, son cuestionadas la implantación de las Reválidas, la supresión de la selectividad, la segregación de los alumnos con dificultades a muy temprana edad, la inclusión de la religión y que no se ocupe de los profesores, que son un elemento clave en el sistema educativo.

Pero más allá de sus defectos y bondades, el gran problema de esta Ley es ser una criatura del Partido Popular -da la impresión que la izquierda se otorga la exclusiva reformista en educación- y por eso tiene fecha de caducidad. El nuevo líder de los socialistas ya anunció que, si llega al gobierno, una de las primeras medidas será su derogación, como hizo el gobierno anterior en 2004, con lo que con lo que este podría ser al año primero de la Lomce y el último, para volver a empezar con la octava ley de educación y batir el triste récord de normas educativas para desconcierto de padres, alumnos y de toda la sociedad. Una desgracia para el país que, además, avergüenza a todos menos a los políticos. ¿Por qué no se sientan para alcanzar un gran pacto educativo que alumbre una ley de concordia, un proyecto sólido y suficientemente flexible que dé la seguridad y estabilidad que necesita la educación?

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