Los contratistas de la Administración autonómica podrán ser penalizados por ley

La futura Ley gallega de calidad en los servicios públicos incorpora la posibilidad de que las concesionarias y contratistas de la Administración autonómica que «no cumplan» con las condiciones fijadas de calidad en el pliego de contratación podrán ser penalizadas económicamente y, además, tendrán «menos posibilidades» de resultar adjudicatarias en otros concursos.

Al término del Consello de la Xunta, su titular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que las concesionarias de servicios financiados con recursos de los gallegos –«léase autovías», ha remarcado–, así como los servicios de mantenimiento y de limpieza deberán «cumplir la carta de calidad» que también se le exigirá al resto de la Administración pública gallega según la nueva normativa.

«Dentro de la carta de derechos de los usuarios gallegos, que sepan que, con independencia de quien sea o no el titular de la explotación de una vía de alta capacidad, si la financia la Xunta, o de que se trate de un servicio de limpieza o mantenimiento en cualquier centro, que tienen derecho a que sus concesionarias respondan por la calidad de los servicios prestados», ha resumido.

De este modo, las concesionarias de la Xunta no sólo deberán «acreditar» que cumple con la calidad de los servicios, sino que, en el caso de que no se haga, la ley recoge por primera vez que «tendrán que dar una repuesto a la reclamación de un ciudadano», y no se podrán «parapetar» detrás de la Administración para «sufragar la responsabilidad patrimonial» de su servicio.

«Por primera vez serán responsables directos de los daños que se ocasionen en los servicios que prestan», ha advertido Feijóo, quien ha señalado que, antes, el impacto inicial recaía en la Xunta, que después, a su vez, lo tenía que «repercutir» en la empresa contratada. Cuando la nueva ley entre en vigor, en el pliego de cláusulas del contrato se detallará los casos que serán objetos de penalización y lo asumirá propia adjudicataria.

Preguntado sobre si este paso tendrá efecto retroactivo, ha replicado que, cuando él estudiaba Derecho, «no era posible fijar la retroactividad» de obligaciones a antes de que entrase en vigor una norma, por lo que entiende que «no es posible», salvo que en el pliego de condiciones se fije expresamente «algún mecanismo orientador al respecto».

Con todo, ha señalado que su Gobierno tiene «todo el interés» en estudiar esta cuestión, para añadir que, «si algo se puede implementar», lo hará «respetando el Derecho».

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