El alcalde socialista de Ourense se siente víctima de una «cacería política»

Agustín Fernández_alcalde de Ourense
El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, ha señalado que su imputación y la de otros políticos en relación con unas obras adjudicadas en 2008 en la ciudad son consecuencia de la situación actual de «cacería política» en la que se están interponiendo por vía penal denuncias «propias de lo contencioso» con el objetivo de «derribar gobiernos» y porque «salen gratis».

Fernández ha respondido a preguntas de los medios sobre cuestiones judiciales y políticas del Ayuntamiento de Ourense tras presentar, junto con la concejala de Medio Ambiente, Susana Bayo, la apertura de 53 huertas urbanas, de las que 5 se destinan a personas con movilidad reducida y otras se ceden a la universidad para proyectos de investigación, en la ladera del parque Montealegre.

«Yo estoy imputado y todos sabemos que jurídicamente eso no es nada, y que un juez imputa, como explicó en su auto, para garantizar que vayamos con abogado y para respetar todos nuestros derechos de forma estricta», ha explicado el regidor, que ha afirmado «lamentar» que al día siguiente «los titulares sean que el alcalde está imputado por adjudicar a dedo obras en la calle Bedoya» cuando él, según ha detallado, declarará por «formar parte» de la Junta de Gobierno local.

En esta línea, Agustín Fernández se ha referido a la actualidad como «tiempos de auténtica cacería política» y ha señalado que en Ourense hay un «cúmulo de denuncias que sólo buscan imputaciones, olvidando la vía contenciosa y, con base en errores administrativos o exclusivamente en mentiras, acudiendo a la penal para derribar gobiernos».

En este sentido, ha aludido a políticos de la oposición y a particulares para señalar que buscan «no el interés colectivo, sino intereses oscuros y particulares». Así, ha explicado que una Junta de Gobierno local, como la integrada en 2008 por los ocho políticos imputados, además tres empresarios y un técnico, «sólo toma decisiones políticas, nunca fiscalizadoras».
«INTERESES CONCRETOS»

El regidor ha subrayado que, detrás de todas las denuncias contra políticos del grupo de Gobierno socialista y del anterior bipartito con el BNG «no está el fiscal, sino particulares y políticos con intereses puntuales y concretos».

En este sentido, se ha preguntado en voz alta si es razonable que la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, «persona honrada, tuviese que ir a declarar anteayer como imputada porque un promotor no pudo ver el nuevo Plan Urbanístico antes que los 120.000 vecinos de Ourense restantes» y lo calificó de «escándalo».
DAÑO COLATERAL

También se ha referido a la denuncia por las asistencias técnicas que pasaron a ser personal laboral municipal, ahora denunciadas por USO, CIG y el PP, para explicar que es una denuncia «que se enmarca en el ámbito de una persona que pidió compatibilidad» –en alusión al funcionario asesor jurídico y delegado sindical de CIG que pidió compatibilizar su trabajo público con la docencia en la universidad– y le fue denegada en un pleno en el que el grupo de 5 concejales díscolos se ausentó de la votación.

Las primeras diligencias judiciales tras esa denuncia fueron la llamada a declarar como imputados a cuatro arquitectos y un abogado, ahora funcionarios municipales, a primeros de abril.

El alcalde ha señalado que él irá al Palacio de Justicia «a hacer todas las declaraciones precisas ante el juez, como debe hacer cualquier ciudadano», pero ha lamentado los casos en que son llamados funcionarios como imputados y dijo discrepar con esa decisión.

«No estoy de acuerdo en que sean un daño colateral de este acoso político y pido a los jueces que tengan consideración con los funcionarios y que ellos no sean los dañados en esta cuestión, pues se están ganando la vida con su trabajo y no deberían estar imputados en este acoso político basado en intereses oscuros», ha agregado
DIMITIR

Fernández respondió a preguntas sobre su posible dimisión y señaló que para un político «estar imputado no es nada desde el punto de vista jurídico». Tras afirmar que respeta la presunción de inocencia, ha instado a todos los partidos políticos a «adoptar un criterio» común en este ámbito.

También respondió a una pregunta sobre la queja presentada por el PP municipal ante el Valedor do Pobo, para reclamar que se celebre en enero un pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. En este sentido ha pedido al PP que deje de ser «una vieja plañidera ante el Valedor do Pobo» y que destine uno de los 3 plenos extraordinarios anuales que puede pedir a ese debate.

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