Limitar la objeción de conciencia de los médicos contrarios al aborto, propuesta de Carmen Iglesias

Deputada Carme Iglesias_camiseta aborto libreLa diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Galicia, Carmen Iglesias, ha registrado su primera propuesta legislativa tras tomar posesión de su cargo y, en ella, pide que se garantice a la mujer la decisión de interrumpir el embarazo.

La propuesta de la parlamentaria tiene fecha del 11 de febrero, coincidiendo con la celebración del primer pleno de este periodo de sesiones, en el que ha dejado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) para afrontar en solitario su labor alegando «tensiones» en el grupo, en el que también convive la organización que la expulsó por negarse a dejar su acta, Esquerda Unida.

Carmen Iglesias ya había explicado, cuando tomó posesión de su escaño en diciembre de 2013, que su actividad parlamentaria quería centrarla en las cuestiones relacionadas con las políticas sociales y, singularmente, en el área de la igualdad y feminismo, ámbito del que ella procedía en los movimientos sociales.

Y, en esa línea, ha registrado su primera iniciativa legislativa, con la que aspira a modificar la ley por la que se crea la Red Madre, que nació, por su parte, de una iniciativa legislativa popular (ILP) aprobada en el primer pleno de 2009 –tras recuperar el PPdeG la mayoría absoluta–.

Concretamente, la propuesta que ha impulsado la integrante del Grupo Mixto, que en realidad no toca el articulado, sino el título de la normativa y añade una disposición adicional, pide modificar el encabezado para que sea una ley por la que se «establezca una red de apoyo a la mujer embarazada en la decisión de llevar adelante su embarazo o la interrupción del mismo».

 

MOTIVACIÓN

Asimismo, propone una nueva disposición adicional por la que la Xunta deberá «regular la objeción de conciencia del personal sanitario en la sanidad pública ante los derechos de las pacientes».

En este sentido, en la exposición de motivos, explica que lo que realmente ocurre «es que muchos profesionales de la sanidad pública, alegando objeción de conciencia, se están negando a practicar abortos, de modo que, si no existen profesionales que los realicen, se derivan a otro centro».

Así, añade que «la situación se ha vuelto tan rocambolesca que, dependiendo del momento de la gestación en el que se encuentre la mujer, ésta es derivada a un centro o a otro y, en ocasiones, fuera de la ciudad en la que la mujer reside».

Al respecto, apunta que esto tiene un «coste notable para la mujer», no sólo por «el peregrinar que inicia cuando acude por primera vez a un centro público demandado la práctica de una interrupción voluntaria de embarazo», sino también por el «coste» que su situación personal le supone la «tardanza» que en ocasiones «sufre hasta que realmente llega el momento».

«¿Cómo es posible que una mujer sea obligada a viajar acudiendo a un centro privado en otra provincia o fuera de la comunidad porque profesionales de un centro público se niegan a practicar abortos acogiéndose a un dudoso justo ejercicio de la objeción de conciencia, cuando su puesto de trabajo se encuentra adscrito al desarrollo de un servicio público?», se pregunta.

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